“No son terroristas, son trabajadores”, con esta consigna, un grupo de familiares exigen a las autoridades gubernamentales una revisión de expedientes y se les otorguen la libertad plena para más de 170 trabajadores de PDVSA que se encuentran detenidos desde hace más de un año.
Desde el Colegio de Abogados, ubicado en El Paraíso, en Caracas, la abogada Zimaru Fuentes indicó que este grupo de trabajadores son víctimas de un “atropello desproporcionado” desde el año 2024 en la Refinería Puerto La Cruz cuando se inició una investigación por un buque que se encontraba en altamar. Posteriormente las detenciones, las cuales califican de “arbitrarias” se trasladaron a instalaciones petroleras ubicadas en Carabobo, Aragua, Caracas y refinerías de Amuay, Cardón y Punto Fijo.
Subrayó que cada proceso de los detenidos está “viciado de irregularidades” en el que no existe tipicidad alguna en los expedientes de cada trabajador. “Todos se hicieron sin orden de aprehensión, con fechas irregulares. No hay tipicidad, a ninguno de ellos se les dice el motivo de las detenciones. En los tribunales, donde debieron ser respetados sus derechos, no hubo tipicidad”, dijo Fuentes.
“Nuestros familiares fueron llevados a tribunales sin siquiera permitírsele entrevistarle con el defensor público. Los presentaron en una audiencia telemática, tampoco hablaron con el abogado, solo algunos pudieron ver al abogado defensor público meses después en la audiencia preliminar. Al sol de hoy, ninguno conoce a su abogado defensor”, añadió la abogada.
Indicó que sus casos pueden ser considerados como “casos políticos” porque tienen las especificaciones necesarias para llevar esta calificación. Detalló que en cada detenido existe desproporcionalidad en la aplicación de la ley, violación del debido proceso, “totalmente arbitrario” y, además, son víctimas de “ficha de cambio”.
“Tenemos todos los estándares internacionales para que nos consideren caso político”, sentenció.
ESPERAN QUE LA LEY DE AMNISTÍA SEA “INCLUYENTE”
Sobre el proyecto de ley de amnistía que se discute en la Asamblea Nacional (AN), Zimaru Fuentes espera que la discusión sea lo más amplia posible para que así sea “incluyente” y se logre la liberación de la mayor cantidad de presos políticos posibles que registra el gobierno venezolano.
“¿Cómo podemos hablar de reconciliación y de pacificación cuando todavía tenemos presos políticos? Es una ley que se proyecta excluyente, esperemos que no sea así. Confiamos en que este proyecto de ley va a terminar siendo inclusivo”, manifestó.
Añadió que la “recuperación de la industria petrolera” que se maneja en el país desde el mes de enero, luego de la captura del presidente Nicolás Maduro, puede ser posible con la liberación de estas personas las cuales tienen “mano de obra calificada”.
Por otro lado, Fuentes sostuvo que varios de los encarcelados sufren de problemas de salud que requieren atención médica y no de primeros auxilios que les ofrecen en los centros de reclusión.
“Tenemos muchas personas delicadas de salud, un sr. de tercera edad ya le dio dos infartos, un señor con cáncer, otro con un derrame cerebral, diabetes complicada, personas con malformaciones congénitas”, mencionó.
“Queremos aclarar que nuestro reclamo no tiene color político, queremos que exista igualdad y libertad plena. Vamos a ir donde tengamos que ir: nuestra petición la hacemos para lograr justicia. Nuestra petición la hemos hecho con respeto, de forma pacífica”, culminó.
