Ramón Guanipa, hijo del dirigente político Juan Pablo Guanipa, denunció este lunes el desconocimiento del paradero de su padre, tras haber sido interceptado por sujetos armados la noche del domingo. Según la información proporcionada en una rueda de prensa, el incidente ocurrió aproximadamente a las 11:45 p.m., cuando tres vehículos tripulados por hombres sin uniforme y con armas largas abordaron al político.
De acuerdo con el relato del familiar, el dirigente optó por entregarse para garantizar la seguridad de sus acompañantes ante la actitud agresiva de los captores. Hasta el momento, no se ha confirmado su ubicación exacta ni el organismo de seguridad responsable del procedimiento.
La familia del dirigente subrayó que la detención se produce a pesar de que Guanipa contaba con una boleta de excarcelación. Ramón Guanipa detalló que el político cumplía con las medidas cautelares impuestas por el tribunal:
- Presentación periódica: Registro ante la instancia judicial cada 30 días.
- Restricción de movilidad: Prohibición de salida del país.
Asimismo, se informó que el Ministerio Público había solicitado una orden de arresto domiciliario, pero dicha medida no se había hecho efectiva formalmente hasta el momento de su aprehensión. La representación de la familia argumentó que las actividades recientes del político, consistentes en declarar a medios y recorrer centros de reclusión, se encuentran dentro del ejercicio de sus derechos y no constituyen delito.
Ante la incertidumbre sobre su paradero, el caso ha sido calificado por sus allegados como una desaparición forzada. Ramón Guanipa instó a las autoridades a presentar una fe de vida del dirigente y aclaró que no han recibido notificaciones sobre un posible traslado a la ciudad de Maracaibo para cumplir con el arresto domiciliario mencionado extraoficialmente.
El pronunciamiento concluyó señalando que estas acciones resultan contradictorias frente a la política de reconciliación y paz promovida por el Gobierno encargado de Delcy Rodríguez, enfatizando la importancia de mantener la libertad de expresión y el liderazgo político sin que ello implique la criminalización de los ciudadanos.
