En una rueda de prensa celebrada en la sede de la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), Emilio Lozada, presidente de la Federación Nacional de Jubilados y Pensionados de Venezuela, junto a representantes de diversas asociaciones, presentó un balance sobre la situación de vulnerabilidad que atraviesa el sector y exigió la liberación de dirigentes sindicales y gremiales.
La vocería inició con la solicitud de libertad plena para Omar Vázquez Lagunero, secretario general de la federación, así como para jubilados detenidos en los estados Bolívar y Lara. Lozada mencionó específicamente los casos de José Elías Torres, secretario general encargado de la CTV, y William Lizardi, presidente de la Federación de la Construcción.
«Deseamos que todos los presos políticos salgan de donde están y que se les dé la oportunidad de continuar trabajando por sus derechos humanos, trabajando por los sindicatos, trabajando por sus organizaciones como debe ser en libertad y democracia», afirmó Lozada.
El dirigente denunció que el sector suma 25 años bajo una «emergencia humanitaria compleja», caracterizada por «la pérdida del poder adquisitivo y la eliminación de las escalas salariales». Señaló que desde hace cuatro años el ingreso mínimo se mantiene estancado en 130 bolívares, una cifra que calificó como insuficiente para cubrir necesidades básicas.
Lozada destacó la situación de más de 35,000 jubilados en el exterior, a quienes se les suspendieron los pagos de pensiones y prestaciones desde hace una década, pese a la existencia de convenios internacionales. «Sencoex cerró sus cuentas y el Seguro Social también cerró sus cuentas (…) no les pagan ni un céntimo de sus pensiones», denunció.
La federación recordó que desde el año 2016 permanece pendiente la implementación de la Ley de Alimentación y Medicamentos para jubilados, aprobada por unanimidad en la Asamblea Nacional y ratificada como constitucional por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), pero que aún espera por la firma presidencial para su publicación en Gaceta Oficial.
Respecto al transporte, Lozada mencionó que si bien existe un exhorto de gratuidad para adultos mayores en rutas urbanas, hay un «relajo administrativo» en su aplicación. «Con 130 bolívares no podemos tener para pagar para salir todos los días a pagar 60 bolívares o 30 bolívares en un autobús (…) nos ponen un pasaje gratis en las rutas urbanas, pero en las [sub]urbanas pagamos la mitad», explicó, solicitando una reunión con el Ministro de Transporte.
El representante gremial advirtió que la crisis de jubilación afecta también a los trabajadores activos. Según Lozada, un profesional con 30 años de servicio en la administración pública que sea jubilado actualmente recibe prestaciones que no superan los 300 dólares.
«Es como decir, entregarle un trabajador activo una partida de defunción para él y su familia», sentenció, subrayando que muchos técnicos prefieren migrar para obtener ingresos superiores. Finalmente, hizo un llamado a la reactivación de los servicios públicos (agua, luz y telefonía), cuyas tarifas siguen aumentando mientras la calidad disminuye, afectando a los 6 millones de ciudadanos que conforman este sector.
