Hiowanka Ávila, activista de derechos humanos y familiar de un detenido por motivos políticos, se pronunció desde la sede del Ministerio Público tras la entrega de un documento dirigido al fiscal general, Tarek William Saab. Ávila denunció la falta de transparencia en el proceso de liberación anunciado el pasado 8 de enero y alertó sobre la precaria situación de cientos de familias que pernoctan a las afueras de los centros de reclusión.
Según la activista, la cifra de 400 excarcelaciones manejada por el Gobierno no coincide con el registro real llevado por las familias y las ONG. Ávila sostuvo que existe una «manipulación de las cifras» al incluir liberaciones ocurridas en diciembre de 2024 y el 1 de enero de 2026 en el conteo del nuevo proceso iniciado tras el anuncio de Jorge Rodríguez hace 13 días.
Un drama nacional en las puertas de las cárceles
La vocera destacó que familias de todo el territorio nacional, incluyendo regiones remotas como La Guajira, Amazonas, Apure y Nueva Esparta, se han movilizado hacia Caracas y centros como El Rodeo. En este último, denunció que las pocas liberaciones (principalmente de periodistas y extranjeros) se han realizado por salidas laterales para evitar el contacto con los familiares.
- Pernocta y resistencia: Unas 130 personas se han concentrado a las afueras de los centros de detención; 85 de ellas han permanecido en vigilia constante durante los últimos 13 días, enfrentando condiciones climáticas adversas con apoyo de la sociedad civil.
- Casos críticos: Ávila reportó la presencia de una persona de 82 años proveniente de Ureña que espera por su hijo, así como mujeres adultas con patologías graves que se han descompensado durante la espera.
- Irregularidades procesales: La activista denunció que a personas con la pena cumplida desde hace más de dos años se les imponen nuevos cargos para evitar su salida.
Opacidad y reportes de muertes bajo custodia
Uno de los puntos más alarmantes de la declaración fue el reporte de una presunta nueva muerte bajo custodia en el centro de detención Zona 7 durante la noche del lunes. Ávila indicó que, tras una vigilia familiar, se observó un despliegue de patrullas similar al ocurrido hace 10 días tras el deceso de un funcionario policial del estado Portuguesa.
«Se corrió la información de que había fallecido un abogado. Hasta ahora no ha habido información veraz sobre qué ocurrió. La opacidad sigue siendo la norma», señaló Ávila, quien también denunció el uso de piquetes antimotines de la PNB para amedrentar a las familias que permanecen pacíficamente en carpas.
La activista subrayó que, tras los sucesos del 3 de enero, el registro de personas en situación de desaparición forzada ha aumentado significativamente, con cientos de casos nuevos reportados ante organismos de derechos humanos.
Finalmente, Ávila hizo un llamado a las autoridades para que cumplan con la orden de excarcelación de manera «seria, transparente y responsable», recordando que aún permanecen más de 1,000 personas presas por motivos políticos en el país. Aseguró que las familias no abandonarán los centros de reclusión hasta que se ejecuten las boletas de excarcelación pendientes.
