Entre la arquitectura y la carpintería se define el ser de Mariela Ramírez. Las arquitectas planifican el espacio; las carpinteras, lo llenan de maderas. Ramírez, integrante de Foro Cívico y de Dale Letra, sigue pensando y trabajando en la arquitectura de las soluciones a los conflictos venezolanos y en la carpintería requerida para lograrlo. «La negociación debe definir una ruta clara para volver a la política: un horizonte realista y un camino que privilegie el acuerdo sobre el conflicto, sin delegar el futuro del país en manos externas», expresa en una entrevista con contrapunto.com realizada vía WhatsApp.
-¿Quiénes están sufriendo “las consecuencias de cada decisión tomada” por parte del gobierno de Maduro, la Administración Trump y la oposición que espera apoyo extranjero para un desenlace?
-Los seres humanos que están detrás de las cifras son los que sufren las consecuencias de cada decisión tomada. Específicamente, los millones de venezolanos que enfrentan pobreza, depreciación salarial, inseguridad alimentaria y falta de medicinas. Los venezolanos detenidos o perseguidos por razones políticas. La realidad de 2025 es devastadora. Según el trabajo conjunto de más de 90 organizaciones de la sociedad civil venezolana, que registraron más de 12.000 encuestas de hogares, el 78% de la población se encuentra en situación de pobreza. En la mitad de los estados del país, esta cifra alcanza al 80% de sus habitantes. El salario real se ha depreciado en un 99,7%; el 57% de los venezolanos no puede cubrir la canasta básica y once millones viven en condiciones de inseguridad alimentaria. La caída en la disponibilidad de alimentos se sitúa en más de un 40%. Además, el 85% de la población carece de acceso a medicinas esenciales y un 15% manifiesta su firme intención de migrar por razones económicas. Cerca de 1.000 venezolanos se encuentran detenidos por razones políticas y decenas de miles enfrentan medidas cautelares que limitan sus libertades; muchos otros son víctimas de la persecución y la represión.
Estas cifras, resalta Ramírez, “son indicadores claros de un conflicto político insoslayable y el testimonio de una tragedia humana que despoja de sentido a cualquier disputa por el poder si esta no prioriza la vida. Bajo esta convicción, insistimos en un llamado urgente a anteponer el imperativo humano a la confrontación política. Ninguna agenda, por legítima que pretenda ser, puede justificarse a costa del sacrificio de la población. La ética de la responsabilidad inherente al poder exige que el centro de gravedad de cada decisión sea, única y exclusivamente, la protección de la vida, la garantía de los derechos fundamentales de todos los venezolanos y el alivio del sufrimiento social”.
-Dice que la disputa por el poder no tiene sentido si no se prioriza la vida. ¿Qué significaría, para los actores en pugna, priorizar la vida?
-Significa que el bienestar de los ciudadanos y la garantía de los derechos de los venezolanos deben ser las premisas fundamentales y el fin último de toda acción política. Es necesario que los protagonistas del conflicto escuchen a una sociedad que no ha dejado de apostar incansablemente por la resolución de la crisis por una vía no violenta. Todos los sectores deben asumir con responsabilidad sus decisiones y el impacto de estas sobre la vida de los venezolanos, en especial de los más vulnerables. Con base en ello, deben enfocarse en construir condiciones para un diálogo genuino que les permita buscar soluciones mancomunadas, priorizando siempre a la gente por encima de las agendas de poder
-¿Qué pasos hay que dar para anteponer el imperativo humano a la confrontación política?
-Pasos que abonen en el camino de construir las condiciones para avanzar hacia una solución negociada entre las partes. Al Gobierno Nacional le hemos exhortado a asumir su responsabilidad política, ética y humana para detener de inmediato las vulneraciones a derechos fundamentales y avanzar hacia la restauración plena de las garantías constitucionales. El país demanda una voluntad real de desescalar el conflicto a través de canales de diálogo genuino que permitan recuperar el hilo democrático. Esta voluntad debe manifestarse mediante gestos urgentes y claros, que comiencen por: la liberación inmediata de todos los presos políticos; el cese definitivo de la persecución política; la garantía plena del debido proceso y el respeto a la integridad física y moral de todos los ciudadanos y el restablecimiento inmediato de las condiciones que permitan a los organismos internacionales cumplir su labor de protección en el territorio.
Ramírez también tiene señalamientos para quienes defienden un estrangulamiento del país a fin de que sala el gobierno. “A los actores que promueven el escalamiento del conflicto económico y militar les hemos señalado que la política no puede ser sustituida por una gramática moral que pretenda justificar un daño frente a otro. Quienes actúan en nombre de la democracia deben derivar su legitimidad de su propia responsabilidad política; esto implica reconocer y hacerse cargo del impacto que la asfixia económica y la violencia potencial causan en una población ya huérfana y vulnerable. Asimismo, es necesario tomar conciencia de que la tercerización del conflicto solo profundiza la fragmentación social y comprender que la negociación entre venezolanos es el destino inevitable de cualquier solución real, humana y duradera, que pueda garantizar a los ciudadanos un futuro de bienestar, progreso, justicia, y plena vigencia de los derechos fundamentales”.
Y plantea otro camino para las opositoras y los opositores que siguen en Venezuela: “A la oposición en el terreno los hemos conminado a centrar sus acciones en el rescate de la política y la humanización del conflicto, llevando la voz del ciudadano a la nueva Asamblea Nacional (AN), que se instalará el próximo 5 de enero. La nueva AN puede ser la semilla del rescate de la política si logra dejar de ser un terreno de confrontación total para convertirse en un espacio de escucha y acuerdos que prioricen la dignidad humana y el futuro compartido de la nación”.
-¿Todos los factores en pugna tienen la misma responsabilidad o algunos tienen más?
-Comenzaré mi respuesta advirtiendo que cualquier voz que intente abordar el conflicto desde un lugar distinto a la narrativa polarizada que emerge de la lógica del conflicto es calificada, dependiendo de la acera desde la que se le mire, con epítetos de los que colman y asfixian el debate político y social en Venezuela, por lo tanto, cualquier respuesta que se dé será polémica y compleja. En cuanto al porvenir de los venezolanos considero que todos y cada uno de los ciudadanos tenemos una responsabilidad compartida. Ahora bien, quienes han conducido el Estado venezolano por más de un cuarto de siglo, desde mi punto de vista, están llamados a asumir la responsabilidad primordial en la actual crisis de institucionalidad y gobernabilidad. Esta responsabilidad se fundamenta en una gestión que ha derivado en violaciones a los derechos fundamentales y al Estado de derecho. Al ejercer el poder, han impulsado una deriva autoritaria que cierra espacios democráticos y evade la búsqueda de consensos, lo que ha generado una parálisis en la capacidad del Estado para proveer bienestar básico.
Dicho esto, agrega, «hay también que decir que el escalamiento del conflicto venezolano no puede atribuirse a una sola causa o responsable, como aspiran unos u otros, sino a la interacción de factores concomitantes y a los antecedentes históricos, cuando menos. Las percepciones y el antagonismo entre el chavismo y un ala de la oposición tienen profundas raíces históricas, que se remontan a mucho antes de 1999. El conflicto actual es la actualización de antiguas tensiones venezolanas que, por la acumulación de agravios, por así decirlo, se han transformado en un conflicto político existencial».
Según su análisis, «el rasgo autoritario del oficialismo encontró un caldo de cultivo en la polarización opositora. Ante este adversario que no respeta las reglas, la frustración era inevitable, sí; pero es imperativo reflexionar sobre que la respuesta que eligió un sector de la oposición que al adoptar estrategias de confrontación total han contribuido a socavar la institucionalidad que aspiraban rescatar».
Por ello, «ante la devastación que sufre la nación, es imperativo reconocer que todos los factores en pugna comparten responsabilidades, por asimétricas que estas sean, en la prolongación del sufrimiento de los venezolanos. La reconstrucción del país no vendrá de la victoria de un bando sobre otro, sino de un cambio de paradigma que priorice los acuerdos pragmáticos sobre el conflicto. El futuro de Venezuela exige despolarización, desarme retórico y el rescate de la política para reconstruir un contrato social basado en la reconciliación y la atención a las necesidades urgentes de la gente».
-¿El deseo de cambio de la población debe ser dejado a un lado en una negociación?
-Para que el bienestar social sea una realidad sostenible, debe estar anclado en la vigencia plena de todos los derechos. La dignidad humana y el derecho a una vida digna no solo exigen pan y medicinas, sino también el derecho irrenunciable a ser escuchados y respetados. De allí que el malestar vinculado a la negación de estas garantías haya tenido un punto de inflexión y un curso sin solución desde el pasado ciclo electoral 2024-2025. La inequívoca expresión cívica de los venezolanos el pasado 28 de julio de 2024, que manifestó nuestro deseo de transformación política, social y económica por vías pacíficas, debe asumirse con responsabilidad. Este mandato obliga al compromiso de crear condiciones para una ruta que reconozca la validez del otro y respete la soberanía, con el fin de reconstruir un contrato social basado en la reconciliación y en la atención a las necesidades urgentes de la población. La negociación debe definir una ruta clara para volver a la política: un horizonte realista y un camino que privilegie el acuerdo sobre el conflicto, sin delegar el futuro del país en manos externas.
-¿Cómo se restauran en lo inmediato las garantías constitucionales? ¿Puede restaurarlas el mismo gobierno que las destroza?
-Las garantías se restauran mediante una voluntad real de desescalar el conflicto y abrir canales de diálogo. Reconstruir los cimientos de la democracia venezolana nos exige, a todos los ciudadanos, enfocarnos en la construcción de un Acuerdo Democrático Nacional, un nuevo pacto social y comprender que no existen soluciones inmediatas. Es un momento en el que resulta fundamental establecer espacios para la reflexión en todos los niveles de la sociedad; espacios donde podamos plantearnos cuáles son los principales problemas que aquejan al contrato social actual y de dónde emanan. Necesitamos escenarios de conversación en los que sea posible explorar vías que permitan, efectivamente, conducir a la construcción de consensos y a imaginar un futuro compartido. Ante la crisis que atraviesa la sociedad, requerimos de una gran discusión para definir un nuevo modelo político, social y económico. Este debate debe ser extraído de la conflictividad para que exista una verdadera dinámica de intercambio, pues la polarización solo reafirma los polos e impide buscar posibilidades de interpretación y entendimiento mutuo.
–¿Quiénes están realmente escalando el conflicto y cómo pueden detener ese escalamiento?
-El conflicto se escala, entre otras muchas razones, tanto por el deslave institucional, la vulneración de los derechos fundamentales de los ciudadanos y la persecución política, como por quienes promueven una gramática moral que justifica el daño económico o militar. Lo digo de manera muy sucinta, pues considero que a lo largo de esta entrevista estas ideas han sido plenamente desarrolladas; no sin antes destacar que tanto la omisión institucional en la publicación de resultados del ciclo electoral 2024-2025, como la justificación de intervenciones externas, vulneran la soberanía nacional y profundizan la crisis. Este proceso se detiene al reconocer que la negociación es el destino inevitable de cualquier solución real y humana. La negociación requiere un acompañamiento decidido de la comunidad internacional.
-Usted habla del acompañamiento decidido de la comunidad internacional. ¿Qué puede hacer que no se haya hecho ya? ¿Qué sería lo diferente en esta oportunidad?
-La exigencia de responsabilidad política no se limita a las fronteras nacionales; alcanza también a actores externos cuya influencia define el rumbo de nuestra crisis. La comunidad internacional está llamada a persistir en el acompañamiento decidido al pueblo venezolano en la búsqueda de una solución pacífica, en la exigencia a las autoridades y los factores políticos de abrir caminos para una solución dialogada. Su rol no debe ser el de legitimar acciones que profundicen el sacrificio de la población, sino el de promover la búsqueda de soluciones que garanticen la vida y la dignidad. Recientemente, Colette Capriles, en un artículo en El País titulado «La teoría del mal menor», recordaba que Hannah Arendt —en un contexto que algunos creen que modela el nuestro— concluía que quienes eligen el mal menor «olvidan rápidamente que están eligiendo el mal». La verdadera responsabilidad política y diplomática exige disolver ese falso dilema y hacerse cargo, de forma reflexiva y práctica, de las consecuencias reales que sus decisiones y respaldos tienen sobre millones de seres humanos. La «tercerización» del conflicto solo fragmenta a la sociedad e introduce intereses geopolíticos por encima de las necesidades reales y del deseo de transformación política, social y económica de los venezolanos.
-¿Cuál sería, en este momento, una ruta clara “para volver a la política”? ¿Qué significa esto para María Corina Machado, Nicolás Maduro, Trump y otras figuras beligerantes?
-Significa definir, como he dicho a lo largo de la entrevista, un horizonte realista y una hoja de ruta negociada que privilegie el acuerdo sobre el conflicto. Para los líderes, esto implica reconocer la validez del otro, respetar la soberanía nacional y asumir la responsabilidad de nuestro propio destino sin delegar el futuro del país en manos externas. Insisto, Venezuela necesita espacios de diálogo multinivel en el que podamos debatir, con plenas garantías para todos, sobre el futuro que aspiramos para nuestra nación. La comunidad internacional está llamada, también, a ser garante de una ruta que priorice a la gente, apoye la construcción de una nueva democracia en Venezuela y no a las agendas de poder
-Reconstruir un contrato social… ¿Cuál contrato? ¿Reconstruir, o pactar uno nuevo?
-El contrato que Venezuela requiere debe fundamentarse, como he expresado, en la reconciliación y en la atención prioritaria a las necesidades urgentes de nuestra gente. Debe ser un compromiso nacional que recupere el valor de la palabra y la convivencia democrática. Este nuevo pacto requiere un lenguaje que tienda puentes y restaure los vínculos ancestrales que nos unen. Un lenguaje que nos permita reencontrarnos por encima de diferencias políticas o ideológicas, reconociéndonos en nuestra humanidad como ciudadanos y particularmente como venezolanos. La tarea consiste en escuchar a los ciudadanos que sufren para construir, junto a ellos, un proceso de construcción de acuerdos efectivo, realista y razonable. Debemos edificar un modelo donde la memoria, y no el olvido, sea el fundamento de la paz social a la que aspiramos, reconociendo que el conflicto posee raíces históricas profundas y causas políticas sobre las cuales no siempre existe un consenso.
En este camino, advierte, «surgirá una diversidad de interpretaciones sobre el pasado y los procedimientos para superar sus consecuencias. Aparecerán voces que reclaman desde pasados más lejanos, pues en otros tiempos y gobiernos también hubo agraviados que aún esperan respuesta. Una verdadera reconciliación nos exige revisar no solo la historia reciente, sino nuestro trayecto como sociedad; nos reclama un debate profundo, abordado con conciencia, respeto por el otro y la generosidad necesaria para acercar soluciones que nos permitan avanzar hacia una nación de justicia y derechos para todos por igual».
Ramírez enfatiza que transformar el conflicto «implica hacerse cargo de las tensiones entre visiones distintas, establecer el imperio de la ley y restablecer el Estado de derecho. Esto requiere reconocer el impacto del conflicto histórico en las víctimas e incorporar sus vivencias como pilares de la construcción democrática actual y futura».
No solo la paz social, sino «la viabilidad de nuestra sociedad nos convoca a un proceso complejo de escucha y comprensión. Esta tarea nos llevará años; sin embargo, la complejidad de este desafío no debe paralizarnos, sino ser el mayor incentivo para iniciar la labor de inmediato. Es imperativo enfrentar el conflicto, asumir la responsabilidad compartida sobre el futuro y detener la multiplicación de las víctimas. Esto requiere una transformación profunda en la actitud cívica del Estado y los diferentes actores políticos y sociales, quienes deben asumir su responsabilidad mediante acciones directas para abrir el camino hacia un Acuerdo Democrático Nacional, un nuevo pacto social».
