La Asamblea Nacional (AN) de Venezuela aprobó este martes por unanimidad el Proyecto de Ley de protección de las libertades de navegación y comercio contra la piratería, bloqueos y otros actos ilícitos internacionales, en respuesta al “bloqueo total” naval ordenado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, contra los tanqueros petroleros que entran y salen del país, así como al reciente asalto de dos buques en costas venezolanas.
La normativa fue debatida en sesión extraordinaria y elaborada por una comisión mixta integrada por las presidencias de las comisiones permanentes de Política Interior; Política Exterior, Soberanía e Integración; Economía, Finanzas y Desarrollo Nacional; y Defensa y Seguridad de la Nación. Previamente, se realizó una consulta pública en el Salón de los Escudos del Palacio Federal Legislativo.
Objetivos y sanciones
El presidente Nicolás Maduro explicó que el proyecto busca “hacer cumplir los convenios mundiales que prohíben el asalto de buques, la piratería y todos los delitos contra el comercio internacional”.
En su primer artículo, la ley establece como objetivo garantizar las libertades de navegación y comercio internacional de mercancías reconocidas por tratados internacionales ratificados por Venezuela, frente a actos de piratería, bloqueo y otros ilícitos ejecutados por actores extranjeros.
La normativa dispone sanciones de 15 a 20 años de prisión y multas para quienes promuevan, respalden o participen en acciones de piratería, bloqueo o ilícitos internacionales contra operaciones comerciales de la República.
Sustento internacional
El texto se fundamenta en la Carta de las Naciones Unidas, la Convención de Ginebra sobre Alta Mar (1958) y el Convenio para la represión de actos ilícitos contra la seguridad de la navegación marítima (1988), que definen como piratería todo acto ilegal de violencia, detención o depredación contra buques o aeronaves en aguas internacionales.
La aprobación de esta ley ocurre en medio de crecientes tensiones con Estados Unidos, cuyas medidas contra Venezuela han sido denunciadas por el gobierno ante el Consejo de Seguridad de la ONU como agresiones que afectan la soberanía y el comercio internacional del país.
