La protesta organizada por el Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve) este martes 25 de noviembre en la sede del PNUD en Caracas permitió visibilizar, nuevamente, el número de mujeres privadas de libertad en Venezuela por razones políticas.
Lissette González, coordinadora de Monitoreo, Investigación y Medios de Provea, indicó que, según datos del Foro Penal Venezolano, hay al menos 118 presas políticas. El Clippve calcula que son 182. Justicia, Encuentro y Perdón reportaba al menos 177, según datos difundidos hace una semana y registrados por el diario El Nacional.

«Las mujeres que están presas sufren tratos crueles, inhumanos y degradantes: están hacinadas, no tienen acceso al agua potable, no tienen acceso a higiene menstrual, no tienen acceso a su tratamiento de salud para las que tienen enfermedades. La situación es muy grave», alertó.
Las presas políticas necesitan, como mínimo, la higiene menstrual. «En centros de reclusión donde no hay agua corriente, donde tienen que garantizar su agua con lo que le llevan sus familiares, tampoco tienen acceso a toallas sanitarias, tampones, copas menstruales para mantener la higiene durante su periodo», detalló.
González enfatizó que las medidas para las mujeres «son responsabilidad del Estado, porque el Estado es responsable de la salud y la integridad física de todas las personas privadas de libertad».
Las presas políticas en Venezuela "sufren tratos crueles, inhumanos y degradantes", advirtió este #25Nov la defensora @LissetteCGA, coordinadora de monitoreo de @_Provea, durante la protesta convocada por el @clippve en el PNUD https://t.co/bQDu6Nz4GE pic.twitter.com/jCw2sOeUsc
— contrapunto.com (@contrapuntovzla) November 25, 2025
La justicia, como lo precisó la defensor de derechos humanos, tampoco está al alcance de las mujeres. «No se realizan las audiencias, no son trasladadas las detenidas, no se les ha garantizado el derecho a escoger sus abogados defensores, porque desde las elecciones del año pasado ha sido una política sistemática no garantizar el acceso a la defensa», recordó González.






