Argelia Castillo, en representación de la junta directiva de la Asociación de Profesionales Universitarios en Funciones Administrativas y Técnicas de la Universidad Central de Venezuela (APUFAT), solicitó respeto a los derechos constitucionales, contractuales y a los convenios internacionales suscritos por la República Bolivariana de Venezuela en materia laboral.
Castillo destacó que, según cifras del Banco Central de Venezuela, la economía nacional creció un 6,65% en el segundo trimestre de 2025, lo que a su juicio hace necesario tomar decisiones que mejoren la calidad de vida de los universitarios, tanto del personal activo como jubilado.
Exigencias salariales y contractuales
La dirigente gremial subrayó la necesidad de contar con un salario digno y suficiente que permita cubrir el costo de la canasta básica, conforme a lo establecido en el artículo 91 de la Constitución.
Asimismo, rechazó el pago fraccionado del aguinaldo, calificándolo como una medida que afecta a los trabajadores, y pidió que los llamados bonos de guerra sean incorporados al cálculo del salario y ajustados a la tasa oficial del Banco Central.
Castillo denunció además que desde 2015 se ha acumulado una deuda económica y contractual con los trabajadores universitarios, que incluye pasivos laborales, fideicomisos, prestaciones sociales, vacaciones y aguinaldos, los cuales consideró insuficientes frente a las necesidades actuales.
Críticas a la Constituyente Obrera
La secretaria general de APUFAT cuestionó la constituyente obrera, calificándola como una “estructura burocrática patronal” que no resuelve la crisis económica de los trabajadores ni de los universitarios. Recordó que el salario mínimo vigente desde marzo de 2022 se mantiene en aproximadamente 0,58 dólares (130 bolívares), lo que limita severamente el poder adquisitivo.
Demandas adicionales
Entre las solicitudes planteadas figuran:
- Aumento del salario nacional acorde con la inflación.
- Respeto a la libertad sindical y eliminación de la normativa que condiciona las elecciones al CNE.
- Garantía del derecho a huelga, actualmente en discusión.
- Recuperación de la infraestructura de salud y educación.
Finalmente, Castillo reiteró que el Estado tiene el deber de proteger a los trabajadores universitarios, y pidió que se respete la Constitución y se haga honor a los compromisos adquiridos con este sector.
