El economista y especialista en temas petroleros Carlos Mendoza Potellá afirmó que la decisión de Venezuela de suspender el acuerdo energético con Trinidad y Tobago afecta a ambos países, debido a la interdependencia en materia de gas natural. Así lo expresó durante una entrevista concedida a Unión Radio, en la que analizó las implicaciones técnicas y comerciales del vínculo bilateral.
Mendoza Potellá explicó que Venezuela y Trinidad y Tobago comparten tres plataformas de gas, y que la nación caribeña ya agotó sus reservas independientes, por lo que los actuales “stocks” de gas disponibles son compartidos con Venezuela. En ese contexto, señaló que Venezuela no percibe ingresos actualmente por sus campos de gas, lo que limita el aprovechamiento económico de estos recursos.
El especialista destacó que la expectativa más cercana de desarrollo estaba centrada en el campo Dragón, ubicado en aguas venezolanas, desde donde se proyectaba vender gas a las instalaciones trinitarias de procesamiento para su conversión en gas licuado y derivados. Este esquema permitiría a Venezuela recibir pagos por el suministro, además de activar la infraestructura del campo.
Mendoza Potellá también subrayó que el acuerdo con Trinidad y Tobago ofrecía una ventaja estratégica, al contar con un mercado desarrollado por la empresa Shell, que facilitaría la comercialización conjunta. La suspensión del convenio, según indicó, interrumpe esa posibilidad de integración energética.
En otro punto de la entrevista, el economista mencionó el yacimiento de gas Perla, ubicado en el bloque Cardón IV del estado Falcón, donde se desarrolla un proyecto de producción con participación de las empresas Repsol y Eni. Este campo representa una de las principales iniciativas activas en el sector gasífero venezolano.
La suspensión del acuerdo energético fue propuesta por autoridades venezolanas en respuesta a tensiones diplomáticas con Trinidad y Tobago, en el marco de denuncias sobre presuntas provocaciones regionales. Mendoza Potellá reiteró que, más allá del contexto político, la medida tiene consecuencias técnicas y económicas para ambos países involucrados en la explotación de recursos compartidos.






