La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) reiteró su plena competencia para actuar en la República Bolivariana de Venezuela, en consonancia con la reciente decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), que declaró inválida la denuncia presentada por el Estado venezolano a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en 2012.
La CIDH confirmó que continuará monitoreando la situación de derechos humanos en el país, tramitando peticiones y casos, y otorgando medidas cautelares. En ese marco, solicitó autorización para realizar una visita in loco durante el último trimestre de 2025, con el objetivo de observar directamente las condiciones de derechos humanos, especialmente en el Centro de Procesados y Penados Área Metropolitana de Caracas I, conocido como El Helicoide.
Preocupación por la independencia institucional
En su comunicado, la Comisión expresó profunda preocupación por el estado de las instituciones venezolanas encargadas de velar por la democracia y los derechos humanos, señalando que “carecen de independencia” y que “operan como instrumentos de represión estatal para asegurar la permanencia de un régimen autoritario”.
La CIDH subrayó su “indeclinable compromiso con las víctimas de violaciones de derechos humanos y con el pueblo venezolano en su esfuerzo por recuperar la democracia y el Estado de derecho”.
Contexto regional y jurídico
La solicitud de visita se produce en un momento clave para la región, en el que organismos internacionales buscan reforzar mecanismos de protección ante denuncias de detenciones arbitrarias, torturas y restricciones a la libertad de expresión en Venezuela. La decisión de la Corte IDH fortalece la legitimidad de la CIDH como instancia de supervisión, pese a la negativa del Estado venezolano de reconocer su jurisdicción desde 2012.
Este nuevo pronunciamiento podría abrir la puerta a una mayor presión internacional y a nuevas medidas de protección para víctimas, activistas y defensores de derechos humanos en el país.
