La industria del libro escolar en Venezuela se debate entre la crisis económica y el abandono institucional

La falta de regulación y apoyo institucional deja a los editores en una posición vulnerable, mientras se profundiza la desconexión entre las necesidades educativas y las políticas públicas

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A pocos días del inicio del nuevo año escolar, la industria editorial venezolana enfrenta uno de sus momentos más críticos: apenas opera al 10% de su capacidad instalada. Así lo denunció Julio Mazparrote, representante de la Cámara Venezolana de Editores, durante una entrevista en el programa Análisis de Entorno de Fedecámaras Radio.

Ventas estancadas y demanda en caída libre

Desde julio, la comercialización de textos escolares ha sido lenta y errática, reflejo directo de la inflación persistente y el bajo poder adquisitivo de las familias venezolanas. “Las imprentas están prácticamente paralizadas. Muchas han cerrado sus puertas por falta de demanda”, señaló Mazparrote, quien también advirtió que el 80% de los estudiantes asisten a instituciones públicas que no cuentan con una política clara de dotación de libros.

Sin respuesta oficial

El gremio editorial ha sostenido conversaciones con los ministerios correspondientes para destrabar la situación, pero según Mazparrote, “han sido infructuosas”. La ausencia de un plan estatal para garantizar el acceso a materiales impresos agrava la brecha educativa y pone en riesgo la calidad del aprendizaje.

El regreso frustrado al libro impreso

A nivel global, la pospandemia ha impulsado un renovado interés por el libro físico, debido a sus beneficios pedagógicos: mayor concentración, mejor retención de información y menor exposición a pantallas. En Venezuela, sin embargo, ese retorno se ha visto truncado por la crisis económica. “La intención en los colegios era volver al libro impreso, pero lamentablemente esto no se ha reflejado en las compras”, lamentó Mazparrote.

Piratería y precariedad

En este contexto, la piratería editorial se ha convertido en una alternativa informal para muchos padres y docentes, aunque con consecuencias negativas para la industria formal y la calidad de los contenidos. La falta de regulación y apoyo institucional deja a los editores en una posición vulnerable, mientras se profundiza la desconexión entre las necesidades educativas y las políticas públicas.

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