La Central Unitaria de Trabajadores de Venezuela (CUTV) y el Frente Nacional de Lucha de la Clase Trabajadora (Fnlct) solicitaron la excarcelación del dirigente sindical Daniel Romero, quien habría atentado contra su vida en la cárcel de El Rodeo.
«Al valorar positivamente las medidas de excarcelación dictada recientemente en favor de los dirigentes sindicales Leonardo Azócar (sidorista) y Josué Tremaria (construcción), del Estado Bolívar, como resultado de las distintas exigencias de libertad para los trabajadores y líderes sindicales injustamente privados de libertad, reclaman que tal medida debería ser otorgada también al dirigente sindical Daniel Romero, quien comparte la causa judicial con Azócar», expresaron ambas organizaciones.
Aunque no es suficiente, «porque los excarcelados ahora están bajo régimen de presentación y siguen judicializados, es ya una victoria parcial de la fuerte presión ejercida por lograr la libertad plena para todos los trabajadores presos y criminalizados por luchar y realizar denuncias. Como parte de esa legítima y necesaria presión, el 11 de junio, justo al cumplirse un año de la injusta y aberrante detención de los compañeros sidoristas Leonardo Azócar y Daniel Romero, dirigentes y activistas de la CUTV y del FNLCT consignaron ante la Presidencia de la República, Tribunal Supremo de Justicia, Asamblea Nacional, Fiscalía General de la República y Defensoría del Pueblo, una petición suscrita por cerca de 600 dirigentes sindicales de 17 países, en la que se exige la libertad plena para todos los dirigentes sindicales y trabajadores, en general, injustamente presos en Venezuela y el cese de la vil práctica de la criminalización y judicialización de trabajadores -del sector público y privado-, que realizan luchas laborales o que se atreven a realizar denuncias de corrupción».
Ambas organizaciones instaron «a continuar ejerciendo presión hasta lograr: la excarcelación del compañero Daniel Romero, -quien requiere atención médica urgente-, la libertad plena para todos los trabajadores injustamente judicializados y el fin de todas las formas de criminalización contra los que luchan, que se ha convertido en una practica cotidiana en Venezuela con la finalidad de intimidar a toda nuestra clase trabajadora».
