En el marco del Día del Empleado Público, el cual se conmemora este jueves 4 de septiembre, la Coalición Sindical Nacional realizó una manifestación para denunciar la «grave situación» por la que atraviesan los trabajadores del sector público en la nación, desde la «crisis salarial» hasta la «persecución» que enfrentan por exigir los derechos laborales.
Margot Monasterios, integrante del Sindicato de Empleado del Hospital Universitario de Caracas, consideró como «un abuso y una falta de respeto» la pérdida del salario mínimo en Venezuela. Subrayó que con un sueldo de 130 bolívares no se puede, ni siquiera, adquirir un kilo de tomate, el cual ya superó los Bs. 300.
«¿Cómo puede uno resistir a esto?», se preguntó Monasterios al tiempo que exigió a la administración de Nicolás Maduro que «tome cartas en el asunto» y realice las gestiones necesarias para «controlar» la inflación galopante en Venezuela, puesto que, añadió, los afectados son los trabajadores.
«La ley es muy clara, el salario está establecido en el artículo 91 de la Constitución, un salario digno, suficiente, para el trabajador y su familia, y tiene que ser un salario que debe abarcar tanto alimento, ropa, zapatos, salud y recreación», mencionó.
Lamentó que el dólar oficial, cotizado a través del Banco Central de Venezuela (BCV) haya superado el valor de los 150 bolívares. Ante esto, la dirigente sindical calificó como una «emergencia salarial agravada» que el sueldo venezolano sea de 0.86 dólares mensuales.
«Eso es un abuso, es una falta de respeto al trabajador. El sueldo del trabajador es sagrado. Resulta que ya el dólar es más alto que el sueldo (…) En la Constitución está establecido que el salario debe cubrir la canasta básica», añadió al mismo momento que condenó que el Gobierno de Maduro «retroceda y elimine» los beneficios de los trabajadores.
HACEN UN LLAMADO A LA ONU
A la fecha de hoy, un total de 117 trabajadores públicos están encarcelados por las autoridades venezolanas por exigir derechos laborales. La cifra aumenta a 200 personas si se toman en cuenta los que actualmente son «perseguidos» por los cuerpos policiales.
Ante esto, pidieron a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que «atienda» los reclamos, que realizan en su sede ubicada en Caracas, sobre las detenciones de los empleados.
«Quieren ponerlos presos por reclamar lo que nos pertenece constitucionalmente. No podemos permitir esto. ONU, te hacemos un llamado», culminó.
