La Asociación Latinoamericana de Sociología (ALAS) se pronunció públicamente en defensa «de la libertad académica ante la criminalización de sociólogos e instituciones críticas en Venezuela».
ALAS rechazó las acusaciones contra «destacados académicos y sociólogos» como Edgardo Lander, Emiliano Terán Mantovani, Alexandra Martínez, Francisco Javier Velasco y Santiago Arconada, y contra organizaciones clave de pensamiento crítico latinoamericano como parte de una supuesta red de injerencia política contra el Estado venezolano.
La organización se solidarizó con instituciones como Faces, el Cendes y el Observatorio de Ecología Política: «Acusar su labor de ser parte de una estrategia de intervención extranjera constituye no solo una falsedad, sino también un ataque a la autonomía investigadora y al derecho a disentir». Para ALAS, «estos hechos se inscriben en una escalada represiva más amplia que se refleja en la persecución a integrantes de movimientos progresistas y de la izquierda, como se ha podido observar en los últimos días con la detención de la activista de los derechos humanos Martha Lía Grajales, recientemente liberada bajo medidas cautelares».
