Un grupo de familiares y amigos de los detenidos por los hechos poselectorales del 28 de julio de 2024 acudió a la sede del Programa de las Naciones Unidas (PNUD) en Chacao, Caracas, para entregar una comunicación dirigida al coordinador residente y coordinador humanitario de la ONU en Venezuela, Gianluca Rampollo.
La vocera de los manifestantes, Martha Lía Grajales, denunció las graves condiciones en las que se encuentran los privados de libertad y exigió la intermediación internacional para lograr su liberación.
«Son mujeres, en su mayoría madres, esposas, hermanas, tías, abuelas, también padres de muchachos que en su mayoría son trabajadores, estudiantes, padres de familia, sostenedores de su hogar que fueron injustamente detenidos», expresó Grajales.
Denunció, que en mayo se cumplirán nueve meses desde que fueron arrestados en el contexto de protestas y manifestaciones poselectorales.
Durante su intervención, Grajales denunció violaciones sistemáticas al debido proceso y a los derechos humanos de los detenidos. Afirmó que a ninguno de ellos se le ha permitido nombrar abogados de confianza y que las audiencias se han realizado de forma telemática sin individualización de los hechos.
Además, indicó que los defensores públicos no mantienen comunicación con los familiares ni con los detenidos, y no han promovido pruebas que permitan demostrar su inocencia.
También se refirió a las condiciones de reclusión, calificándolas como “graves e indignas”. Señaló que los reclusos solo pueden recibir un paquete de galletas y un chocolate de un kilo como alimentos extra, además de la comida ingresada el día de visita.
“Muchos de esos muchachos han recibido castigos físicos dentro de la penitenciaría de Tocorón”, denunció.
Entre los castigos mencionó, el confinamiento en una celda conocida como “el Tigrito”, donde los reclusos son mojados, privados de alimentos y expuestos a condiciones extremas.
Según relató, algunos han salido de allí con neumonía y síntomas de salud debilitada, además de cuadros severos de depresión, ansiedad y ataques de pánico.
Grajales precisó que, aunque cerca de 1.900 personas han sido liberadas, más de 300 aún permanecen detenidas en Tocorón, y al menos cinco mujeres se encuentran recluidas en «La Crisálida», un retén ubicado en los Teques.
Además, hay un número indeterminado de detenidos en centros de detención policial y destacamentos de la Guardia Nacional en distintos estados del país.
“Hemos agotado todas las instancias: acudimos al Ministerio Público, al Tribunal Supremo de Justicia, a la Defensa Pública. Hoy estamos aquí para pedir a la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos que abogue por la libertad de estos muchachos”, declaró con firmeza.
Finalmente, Grajales instó a que se reanuden las liberaciones, interrumpidas desde hace más de dos meses, y pidió que se abran caminos de diálogo y reconciliación en el marco del conflicto político venezolano. “Estamos aquí para gritar que nuestros hijos no son delincuentes, no son terroristas, son inocentes”, concluyó.
