Grupos de izquierda afirman que el gobierno tiene un doble discurso sobre migrantes y lo señalan como «responsable de origen» de la crisis

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Diez organizaciones también señalaron a la dirigente opositora María Corina Machado por defender sanciones para Venezuela y por considerar que no ha defendido a los migrantes

La situación de los migrantes venezolanos deportados a El Salvador es consecuencia de dos factores: la actuación del gobierno del mandatario Nicolás Maduro y la posición asumida por la dirigente opositora María Corina Machado. Al menos, así lo interpretan 10 organizaciones de izquierda que se pronunciaron recientemente sobre este tema e hicieron el lanzamiento de la campaña «Basta de represión».

Gustavo Martínez, representante de Marea Socialista, denunció «una política antimigratoria y racista» que ha incluido el envío de venezolanos a la base militar de Guantánamo con la presunción de que eran del Tren de Aragua, aunque no pudo aprobarlo y le negó el derecho a la defensa.

Martínez sostuvo que el presidente Nayib Bukele «actúa con un servilismo inaceptable» ante las políticas migratorias de EEUU.

Hay «una violación flagrante de los derechos de las personas migrantes que se han visto obligadas a huir de Venezuela» debido a la crisis «causada por un severo ajuste capitalista aplicado por el gobierno de Nicolás Maduro en acuerdo con el empresariado», agravado por las sanciones defendidas «por sectores como el que encabeza María Corina Machado».

Rechazan, también, la criminalización de los migrantes venezolanos, que atribuyen a Machado. «Su falta de acción y denuncia en favor de los migrantes venezolanos evidencia una desconexión con las necesidades reales del pueblo venezolano».

Los dirigentes de las 10 organizaciones lamentan que el propio jefe del Estado en el pasado haya desestimado la migración de venezolanos «e incluso los tildó de lavapocetas, y ahora hace propaganda presentándolos como parte del plan Vuelta a la Patria cuando en realidad se trata de personas deportadas compulsivamente» por EEUU. A juicio de los voceros de la campaña, para el gobierno venezolano «los migrantes son una moneda de cambio».

Recordaron que el gobierno exige debido proceso para migrantes en El Salvador y, al mismo tiempo, «mantiene a cientos de venezolanos injustamente privados de libertad por protestar o manifestar opiniones políticas, violando su derecho al debido proceso, negándoles la defensa adecuada y separándolos de sus familias».

Responsable de origen

Gustavo Martínez aseveró que hay «un responsable de origen de la situación de los migrantes venezolanos, que es el gobierno de Nicolás Maduro», aunque ahora «pretende desentenderse de responsabilidad alguna». Las organizaciones exigieron al gobierno que tome medidas concretas, que destine recursos para resolver el conflicto: «Que no siga utilizando la situación de los migrantes como simple moneda de cambio o como chantaje».

Pero, para que eso sea posible, es necesario que los familiares y las organizaciones sociales levanten un movimiento «que empuje al gobierno nacional a cumplir con ese deber».

Suhey Ochoa, militante de la Liga de Trabajadores por el Socialismo, y del movimiento de mujeres Pan y Rosas, resaltó que ningún venezolano migra por voluntad sino por la crisis. Pidió no olvidar «el brutal fraude» del 28 de julio de 2024, que obligó al desplazamiento. «Y estamos hablando de un país en el cual el salario no llega a los cinco dólares». Pero también «es brutal, es criminal» lo que está haciendo Trump al tratar a los migrantes como criminales.

«Gobiernos como el de Bukele» usan su fuerza represiva «para encarcelar a los migrantes venezolanos», acusó la dirigente. Llamó a la solidaridad internacional para que cada persona que decida desplazarse de su país «goce de plenos derechos».

«Claridad para fuera…»

Roberto Carpio, dirigente de los jubilados del Ipasme, manifestó que el gobierno venezolano aplica la política de «oscuridad para dentro y claridad para fuera» porque demanda que se respeten los derechos de los venezolanos en el exterior mientras no lo hace en su propio territorio. El gobierno «está usando el trapo rojo de los migrantes para buscar un respiro», estimó. «Rechazamos contundentemente la pretensión del gobierno de usar el caso de nuestros migrantes».

Rafael Uzcátegui, dirigente de APR-PPT, culpó a Trump de promover la persecución de los migrantes luego de que varios gobiernos incentivaran el éxodo. «Han sido acompañados con la irresponsabilidad, con la permisividad» del gobierno venezolano. «A esos mismos emigrantes les han negado cualquier cantidad de derechos, como el derecho a la identidad, a tener pasaporte, a tener documentos de identificación». Los trámites «se convirtieron en un comercio», condenó, y refirió que los migrantes han sido sometidos a la expoliación.

«En Venezuela hay cárceles clandestinas. Nadie puede decir en este momento dónde está preso Enrique Márquez», advirtió Uzcátegui.

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