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martes, 18 marzo, 2025
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Juez reprende al abogado del Departamento de Justicia por no responder por qué no se cumplió su orden sobre vuelos con deportados

El juez federal de distrito James E. Boasberg insistió en que el Gobierno debe responder sobre la expulsión de cientos de inmigrantes venezolanos a El Salvador bajo una ley de 1798 que Trump describe, sin pruebas, como miembros de pandillas y grupos criminales

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Un juez federal presionó este lunes a un abogado del Departamento de Justicia para que explicara por qué la Administración Trump no cumplió con su orden de detener temporalmente las deportaciones en virtud de una ley del siglo XVIII y preguntó por qué se ocultaba información clave sobre los vuelos del fin de semana, en el que fueron enviados migrantes venezolanos acusados de ser miembros de pandillas hacia El Salvador.

En una tensa audiencia, el juez de distrito James Boasberg resumió la posición de la Administración sobre su orden judicial del sábado como «no nos importa, haremos lo que queremos». Boasberg había ordenado que todos los aviones que se encontraban en el aire trasladando a los deportados regresaran a Estados Unidos.


El abogado del Departamento de Justicia, Abhishek Kambli, indicó que la Administración había cumplido con la orden escrita del juez, que llegó horas después del fallo oral de Boasberg en una audiencia de emergencia el sábado. Kambli argumentó que el fallo escrito tenía prioridad sobre el emitido desde el estrado, y añadió: “Creemos que hemos cumplido con la orden”.

El juez dijo que una orden es una orden.

“Está diciendo que sintió que podía ignorarla porque no era una orden escrita”, afirmó Boasberg, al calificar el argumento del Departamento de Justicia de “exagerado”.

El juez le hizo numerosas preguntas a Kambli sobre los vuelos, incluyendo cuántos había y cuántos estaban en el aire en ese momento, y el abogado se negó a proporcionar ningún detalle, al alegar razones de seguridad nacional.

“Solo estoy autorizado a decir lo que hemos dicho” en los documentos judiciales, señaló Kambli.

El documento en cuestión indicaba que los demandantes, la Unión de Libertades Civiles Estadounidense (ACLU, en inglés) y Democracy Forward en el caso “no pueden utilizar este procedimiento para interferir con la autoridad del presidente en materia de seguridad nacional y asuntos exteriores, y la corte carece de jurisdicción para hacerlo”.

El juez ordenó a Kambli que respondiera a varias preguntas sobre los vuelos antes del mediodía del martes, y que le diera una explicación oficial sobre por qué no pudo revelar esa información en la corte durante la audiencia de este lunes, y en qué foro pueden responder a esas preguntas.

El magistrado además, pidió al Departamento de Justicia que presentara una declaración jurada de que ninguna persona en ningún vuelo que hubiera salido de Estados Unidos después de las 7:25 pm (hora del Este) del 15 de marzo de 2025 fue deportada únicamente sobre la base de la orden emitida por el Gobierno.

También instruyó al abogado del Gobierno que presentara una declaración jurada que establezca cuándo fue firmada la orden del Gobierno sobre las deportaciones, cuándo fue hecha pública y cuándo entró en vigor.

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