Los presidentes de El Salvador, Nayib Bukele, y de Estados Unidos, Donald Trump, han actuado fuera de los marcos legales internacionales y de sus países con el encarcelamiento de migrantes, supuestos miembros de la banda criminal transnacional Tren de Aragua, en el país centroamericano, donde están en un «hoyo negro jurídico», según analistas consultados por EFE.
El domingo llegó a El Salvador un primer grupo de más de 200 supuestos miembros de la banda con origen venezolano, quienes fueron encarcelados sin juicio en El Salvador en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), una megacárcel para pandilleros.
«Lo que está claro es que los mandatarios de los dos países están actuando fuera de los marcos nacionales e internacionales» y «hemos llegado a un punto de inflexión para el sistema internacional de derechos humanos», dijo en declaraciones a EFE Noah Bullock, director de la organización humanitaria Cristosal.
«Tenemos a dos jefes de Estado que han acordado deportar y desaparecer a cientos de personas en los centros penales de El Salvador sin la más mínima garantía. No sabemos quiénes son y no sabemos bajo qué jurisdicción judicial se van a garantizar sus derechos. Se ha mandado a esas personas a un hoyo negro judicial», añadió Bullock.
El director de Cristosal destacó que le correspondería a los parlamentos de ambos países «ratificar algún tipo de acuerdo de esa naturaleza», y subrayó que este encarcelamiento «lo hacen desafiando una orden judicial de una corte en Estados Unidos».
«Tenés a dos Ejecutivos que están acaparando poderes que no les corresponden para anular derechos de una población. Eso debería de ser un tema de suma preocupación para todo país de vocación democrática», sostuvo.
El Salvador, ¿en riesgo?
Por su parte, el abogado constitucionalista Enrique Anaya, dijo este lunes en una entrevista televisiva que El Salvador se está colocando en riesgo de «podernos generar responsabilidades internacionales».
«Desconocemos cuál es la base (legal) para poderlos enviar (a los migrantes) y en El Salvador definitivamente no hay base para esto», sostuvo, y analizó que en términos legales este traslado de Estados Unidos a El Salvador no hace parte de «extradiciones ni deportaciones».
Ingrid Escobar, abogada y directora de la organización Socorro Jurídico Humanitario (SJH), dijo a EFE que es preocupante que ambos países hayan obviado la orden judicial, principalmente porque «en El Salvador hay una enorme debilidad institucional».
«En el sistema carcelario hay torturas, tratos crueles inhumanos y degradantes, muertes extrajudiciales. No hay respeto», indicó.
Para Escobar, esta acción representa una «violación» de la «soberanía» salvadoreña, dado que no se ha dado el proceso de aprobación por la Asamblea Legislativa.
Bukele «complaciente»
La abogada opinó que el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, «estaría amarrado a ser complaciente» con el Gobierno de Estados Unidos por los señalamientos que han existido de un pacto entre su Administración y las pandillas, lo que ha llevado a que algunos de sus funcionarios hayan recibido sanciones.
Dijo que con el envío de integrantes de la Mara Salvatrucha (MS13), entre ellos dos cabecillas, «hay un claro objetivo, que no se conozca la tregua entre Bukele y las pandillas».
En cuanto al beneficio económico que el encarcelamiento de los venezolanos generaría a El Salvador, Escobar dijo que «Bukele tiene las finanzas del país quebradas», por lo que el Gobierno se encuentra en la búsqueda constante de recursos para cubrir sus «enormes necesidades».
¿Hay un real beneficio económico?
De acuerdo con Bullock, el Gobierno salvadoreño «está bajo presión» del Fondo Monetario Internacional (FMI) «para implementar medidas de austeridad», por lo que «están despidiendo profesores de las escuelas, personal médico, están agarrando de las pensiones para financiar las actividades de Gobierno y tiene que mantener al 2% de la población privada de libertad de manera indefinida, que es un costo enorme».
«El beneficio no es necesariamente para la población, es para un Gobierno que no ha sabido administrar bien los recursos y creo que apostar a crear una industria carcelaria, como un modelo de desarrollo económico para el país, no es de beneficio para los sectores más necesitados», concluyó.
De acuerdo con publicaciones de algunos medios, que citan documentos filtrados de la Cancillería salvadoreña, Estados Unidos estaría pagando a El Salvador seis millones de dólares el primer año.
En una publicación de X el domingo, Bukele aseguró que «Estados Unidos pagará una tarifa muy baja por ellos, pero una tarifa alta para nosotros», lo que «contribuirá a la autosostenibilidad de nuestro sistema penitenciario», que «actualmente, cuesta 200 millones de dólares al año».
