La Casa Blanca echó mano la ley de Enemigos Extranjeros de 1798, invocada en la guerra de 1812 y las dos Guerras Mundiales, para equiparar a la banda criminal Tren de Aragua con un enemigo invasor, algo que ha sido criticado por expertos constitucionalistas y que hasta el Servicio de Investigación del Congreso considera que no está reservado para la situación actual
Polémica es lo que ha generado la decisión del Gobierno de El Salvador de recibir a presos venezolanos deportados por Estados Unidos (EEUU) por presuntamente formar parte de la banda criminal el Tren de Aragua
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, dijo el domingo que Estados Unidos (EEUU) pagará una tarifa «muy baja» por la reclusión en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) de personas consideradas integrantes de la banda criminal transnacional.
«Hoy llegaron a nuestro país los primeros 238 miembros de la organización criminal venezolana Tren de Aragua. Fueron trasladados de inmediato al CECOT, el Centro de Confinamiento del Terrorismo, por un período de un año (renovable)», publicó Bukele en inglés en X.
Añadió que «Estados Unidos pagará una tarifa muy baja por ellos, pero una tarifa alta para nosotros», lo que «contribuirá a la autosostenibilidad de nuestro sistema penitenciario», que «actualmente, cuesta 200 millones de dólares al año», como lo reseñó EFE.
Invocada la ley de enemigos extranjeros
El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, anunció que el traslado se dio bajo la Ley de Enemigos Extranjeros invocada la víspera.
Rubio detalló en X que Bukele había ofrecido mantener a los acusados de ser miembros del Tren de Aragua «en sus excelentes cárceles a un precio justo», lo que en su opinión «también ahorrará dinero» a los contribuyentes estadounidenses.
«Una vez más, el presidente Bukele ha demostrado que no solo es el líder de seguridad más fuerte de nuestra región, sino también un gran amigo de Estados Unidos», añadió en un comunicado el jefe de la diplomacia estadounidense.
La Casa Blanca echó mano la ley de Enemigos Extranjeros de 1798, invocada en la guerra de 1812 y las dos Guerras Mundiales, para equiparar a la banda criminal Tren de Aragua con un enemigo invasor, algo que ha sido criticado por expertos constitucionalistas y que hasta el Servicio de Investigación del Congreso (CRS) considera que no está reservado para la situación actual.
Sin embargo, el Gobierno de El Salvador no ha detallado bajo qué ley ha encarcelado a los 238 venezolanos, ya que no han cometido delitos en el país centroamericano, o si se les ha aplicado el régimen de excepción, vigente desde marzo de 2022 y que suspende garantías constitucionales para combatir a las pandillas locales.
WOLA: No están en guerra
La presidenta de Wola, Carolina Jiménez Sandoval, afirmó este lunes que la ley que aplica Trump contra los venezolanos solo se ha aplicado en tres oportunidades y por considerar que los extranjeros son un peligro público. «Recordemos que EEUU y Venezuela no están en guerra, y que la guerra, en todo caso, la declara el Congreso».
Trump «tiene una agenda antimigración bastante agresiva» y los migrantes venezolanos «se han convertido en el nuevo chivo expiatorio que representa criminalidad y terrorismo» aunque no se haya demostrado.
Jiménez considera que es muy grave que se invoquen leyes, como la de enemigos extranjeros, «basándose en contextos que no existen». Sobre la orden de un juez, que la Casa Blanca asegura que llegó tarde, piensa que la decisión de la Administración «era desoír».
Como defensora de derechos humanos, reprochó que se criminalice una nacionalidad, y resaltó que el Tren de Aragua existe, pero no son todos los venezolanos, y para las personas presuntamente vinculadas con la banda igual se debe respetar el debido proceso. Aclaró también que los migrantes no tienen mayor propensión a cometer crímenes que los ciudadanos del país receptor.
El Tren de Aragua es la gran narrativa, aseveró. «No he escuchado de actos terroristas cometidos por ciudadanos venezolanos». Hay «mucha desinformación, auspiciada desde las autoridades, que genera un imaginario negativo sobre la población, con consecuencias sociales muy concretas».
El Salvador es el país que tiene las políticas de seguridad más punitivas de América Latina, recordó la defensora de derechos humanos. Bukele prometió acabar con las pandillas, y lo hizo a través de un estado de excepción con el cual ha puesto entre las rejas a más de 2% de su población adulta en tres o cuatro años.
El Cecot, al cual han sido enviados los venezolanos, es una de las cárceles que más han criticado las organizaciones de derechos humanos. «La primera pregunta es bajo qué delitos van a ser procesados en El Salvador, porque no han cometido delitos en El Salvador».
