Familiares, amigos y otras ONG se encuentran a las afueras de la sede del CICPC a la espera de la salida del coordinador de Provea, Óscar Murillo, quien fue citado para declarar en calidad de testigo.
Personas cercanas a Murillo indicaron que los efectivos de seguridad sugirieron que la entrevista tendrá una duración de una hora. Y les pidieron que le dijeran a la prensa que se retiraran.
El pedido no hizo eco y los medios siguen a la espera del desenlace, que luego de más de cuatro horas de espera seguían sin tener respuestas y sin tener las declaraciones de voceros oficiales que pudieran dar parte del caso de Murillo.
Alí Daniels, defensor de derechos humanos y codirector de la ONG Acceso a la Justicia, aseguró que el llamado de las autoridades a Óscar Murillo, para declarar en calidad de testigo, «marca el camino y la conducta del Gobierno contra las ONG; es decir, esto abre ya la puerta para una represión más abierta de la organización porque si se meten con la organización que históricamente ha sido más coherente y ha mantenido una lucha sostenida y coherentes en defensa de los derechos humanos obviamente el resto de las ONG también está muy sujetas a este tipo de medidas o cosas inclusive peores».
«Lamentablemente creo que esto se está enmarcado dentro de la ola represiva que habrá aquí hasta el 10 de enero al menos y que después del 10 de enero seguramente va a aumentar», expresó Daniels.
El domingo, Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) llamó a comparecer el miércoles 20 de noviembre – ante la sede del organismo en la avenida Urdaneta de Caracas -, a Óscar Murillo, reconocido periodista venezolano y actual Coordinador General de Provea, debido a una supuesta investigación llevada a cabo por la delegación municipal del CICPC de San Cristóbal, estado Táchira por la supuesta “comisión de un delito contemplado en la LEY CONTRA EL ODIO, POR LA CONVIVENCIA PACÍFICA Y LA TOLERANCIA”.
