La abogada y analista política, María Alejandra Díaz, como integrante del Frente Democrático Popular (FDP), se manifestó y rompió su silencio tras el pronunciamiento de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo (TSJ) que le «prohibió ejercer su profesión por tiempo indefinido», así como imponerle una multa que algunos calculan en 100 euros y otros en más de 4.000 euros.
Díaz aseguró que la medida en su contra “no solo es un abuso. Es una extralimitación y una clara advertencia al ejercicio libre de la política”.
La jurista argumentó que «los accionantes que solicitaron un recurso de amparo constitucional ante el TSJ no ofendieron ni generaron zozobra alguna, sólo están pidiendo cumplir con las sentencias 31 de la Sala Electoral y 211 y 212 de la Sala Constitucional y sus criterios jurisprudenciales vinculantes”.
Producto de la contingencia noticiosa nacional, surgen una multiplicidad de preguntas en torno al reciente pronunciamiento del TSJ, en relación a la solicitud del recurso de amparo, presentado por el Frente Democrático Popular sobre la revisión de la sentencia 31 en relación a los eventos acontecidos en el país después del 28J.
En conversación telefónica, la abogada, en tono afable y argumentativo, expuso sus argumentos políticos y jurídicos.
-¿Qué opina sobre la nueva decisión en contra del recurso de amparo que consignó ante la Sala Constitucional del TSJ?
-Estoy sorprendida porque lo único que nosotros estábamos pidiendo ante el TSJ -que además fui como abogado asistente- fue que se haga cumplir con la Ley Electoral como lo establece el artículo 155 de la Constitución Nacional. Solicitamos que se respete la soberanía popular y que se publiquen los resultados desagregados de las elecciones del 28J. Reitero que estoy sorprendida, porque no admiten nuestra solicitud de orden Constitucional.
-¿Qué opina sobre la decisión del TSJ de suspenderla en su ejercicio como abogada?
-También estoy sorprendida con esta nueva arremetida contra mi persona y nuestro equipo de trabajo político. Ahora hay una personalización del debate político y se puede llegar a pensar que hay una precriminalización en mi contra, porque además se nos acusa de que supuestamente estamos generando una «presunta» conmoción nacional con nuestras acciones constitucionales y legales ante la Sala Constitucional del TSJ. Además, lo más peligroso de esa sentencia no es que la hayan hecho atentando contra mi modo de vida personal y profesional, se está atentando contra el orden constitucional del país. Yo soy abogado en el libre ejercicio, es decir, yo vivo de mi trabajo. Ahora están violentado mi paz individual y mi derecho al libre ejercicio de mi profesión como abogada.
-Con está sentencia del TSJ en su contra… ¿Cuál es el paso a seguir?
-Yo vivo del libre ejercicio de mi profesión como abogada y de más nada. Ahora mi vida está en un estado de zozobra. En otras oportunidades me han acusado de que, supuestamente, recibo financiamiento de Rafael Ramírez desde el exterior, que además me financia la CIA, el Gobierno de los EEUU, y que ahora me financia María Corina Machado. Todo esto es falso. Yo no vivo, sino de mi trabajo. Ahora con este nuevo escenario de tensión política, lo más grave no es ni siquiera la multa que ellos me imponen. Ellos saben de toda mi vida cotidiana. El Gobierno conoce las cuentas bancarias que además son nacionales de la banca pública. Esto es grave, me dejan sin posibilidades de ejercer el derecho, que es mi único modo de vida y de sustento, que es el libre ejercicio de mi profesión como abogada.
-¿Es una acción personal, política y jurídica?
-Todo esto es un grave precedente para el ejercicio del derecho en nuestro país. El libre ejercicio de la profesión como abogada y la justicia nacional está herida de muerte con este negativo precedente en mi contra. Todo esto se debe porque además, se están incumpliendo con las normativas internacionales en el plano legal. Se está incumpliendo el respeto a los principios que deben observarse con el Estado de derecho, o sea, están incumpliendo con el derecho nacional e internacional. Todo esto es una extralimitación de funciones, por supuesto que me convierte en una víctima. Una víctima del poder instituido de forma ilegal. Solo estamos pidiendo que se cumpla con la Constitución y el respeto de la voluntad ciudadana.
-¿Cómo quedan los ciudadanos que exigen la publicación desagregada del resultado del pasado 28J?
-Ya el Gobierno nacional decidió: ellos no van a publicar los resultado. «Yo no voy a publicar resultados y quien se meta para lo hondo será perseguido y amenazado», dice el Gobierno. El Gobierno intenta criminalizar toda la disidencia política en el país que solicite la publicación de las actas del pasado 28J. Todo esto es «un mensaje a García».
-En medio de esta nueva realidad política y jurídica de alcance nacional… ¿Cuál es el paso a seguir por parte del Frente Democrático Popular?
-Nosotros vamos a seguir insistiendo en lo que hemos venido sosteniendo. Estamos trabajando en que se respete la Constitución y la propia Ley Orgánica de Procesos Electorales. Debemos seguirle exigiendo que se cumpla con el orden constitucional establecido, que además se cumpla con la propia sentencia número 31 de la Sala Electoral del TSJ.
-¿Qué otras acciones tiene previsto emprender en defensa del orden constitucional?
-Estamos en la premisa de exigir la libertad inmediata de los presos políticos y el respeto de los derechos ciudadano de los Venezolanos. Nosotros no nos olvidamos de los 2.400 privados de libertad después de los eventos del pasado 28J. Muchos de ellos inocentes o la gran mayoría de ellos son inocentes. En nuestra agenda de trabajo sostenemos la iniciativa de hacer posible el antejuicio de méritos a los miembros del CNE que no han cumplido con su obligación ante la nación. En este sentido vamos a acudir ante el Tribunal Disciplinario del Colegio de Abogados a pedir una investigación sobre el nuevo accionar del TSJ, nosotros vamos a pedir una investigación y vamos a llevar las pruebas de que el recurso no es temerario; de que el escrito no le falta el respeto a los diputados a los magistrados.
-¿Cuáles son los términos de la multa en el orden administrativo, con el pronunciamiento de la última sentencia en su contra?
-Con respecto a la multa, no todo está claro. Supuestamente son 100 unidades tributarias. D dice que son 100 unidades al valor más alto. Pero dice que no son 100 unidades tributarias, sino 100 veces la unidad de cambio, por el valor de cambio más alto, entonces cuando uno interpreta son 100 euros, hay otros que dicen que no es así que puede llegar a 4.700 euros.
Respecto al tema del ejercicio del derecho y su suspensión señala que -para eliminar la posibilidad de la colegiatura que permite ejercer el derecho- «es el Tribunal Disciplinario de nuestro colegio. Al Tribunal Disciplinario del Colegio de Abogados de Caracas es quien tiene la potestad. Es el que está facultado para abrir una averiguación en contra de una posible actuación de un colega abogado».
«Ellos están diciendo que ya tú no puedes ser abogado y además que tienes que pagar una multa. Tras la sentencia 603 del 4 de noviembre de 2024 en el TSJ, yo no puedo ejercer el derecho porque es una medida inaudita, extralimitándose de su función como Tribunal Supremo de Justicia. Ellos mismos sin siquiera respetarme el debido proceso y el derecho a la defensa, imponen sanciones y multas, pero además lo más grave de todo es que yo no soy parte integrante de la demanda del amparo. Yo solamente soy el abogado asistente», indicó Díaz.
-¿Está multa es personal o es una acción de alcance político?
-Es una acción de orden político porque yo he sido desobediente de todas la imposiciones del Gobierno, no he obedecido lo que manda el Gobierno y me no he quedado callada. No es la primera vez que lo hace y además actúan de está forma personal. En otra oportunidad ellos lo hicieron con mi tesis de grado de doctorado. Este comportamiento es reiterado en mi caso. Pasó con mi tesis de grado de doctoral, después de defenderla y de tener el acta del jurado firmada y aprobada con mención publicación, ellos anularon ese veredicto. Todo de forma ilegal. Estoy esperando respuestas del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), porque el ministro de la Defensa se negó a recibirme el recurso jerárquico para respetar el dictamen final de mi defensa doctoral.
-En medio de todo está realidad… ¿Cuál es el paso a seguir?
-Es importante recordar, que nosotros como oposición democrática, no solicitamos ni invasión, ni sanciones. Nosotros demandamos la defensa de la Constitución y el respeto al debido proceso judicial en todos los sentidos legales. Nuestro sistema de justicia es ahora complaciente con el poder. Te pasa de todo cuando eres un irreverente. Ahora nosotros vamos a agotar todas las vías internacionales y nacionales para defender nuestros derechos constitucionales, pero además vamos a acudir ante la ante la Relatoría de la ONU, para presentar nuestras exigencias legales. Además vamos a acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA a solicitar una medida cautelar de protección.
Al hablar de su actitud señala que seguirá «defendiendo, los principios morales que han enmarcado los últimos 20 años de su vida personal y profesional, los principios y valores que la han guiado mucha fortaleza de forma familiar. Es bueno que la gente sepa que nosotros no nos vamos a rendir, que nosotros vamos a seguir trabajando con mucha precaución con mucha cautela, pero vamos a seguir en nuestro trabajo de hormiguita. Lo que nosotros estamos haciendo es un acto de cultura civil, es decir la gente en Venezuela tiene que aprender a defender sus derechos, eso es un acto de civilidad nosotros debemos recuperar la cultura constitucional y la cultura de una sociedad que exige sus derechos de forma pacífica y democrática».
Finalmente dijo: «No podemos bajar la cabeza, debemos ir con paso firme a la defensa de la Constitución, nosotros no nos hemos salido ni nos vamos a salir de la Constitución no creemos en aventuras, creo que hay que construir un camino alternativo democrático para recuperar la democracia que lamentablemente hoy está herida de muerte con la posibilidad de que ningún abogado en ejercicio pueda acudir ante las instancias judiciales a reclamar sus derechos.
