Un piquete de comunistas venezolanos exigió a las autoridades del Ministerio Público celeridad en las investigaciones del caso del líder agrario Luis Fajardo, luego de que varios presuntos sicarios asesinaron al activista político en el sur del lago (Zulia). El activista campesino formaba parte del Comité Central del PCV.
Dirigentes, militantes e integrantes del buró político del Partido Comunista de Venezuela gritaron a una sola voz: «justicia, justicia, justicia en el campo, justicia para Fajardo». Los cuadros del partido del gallo estuvieron acompañados con otros líderes políticos de las organizaciones Marea Socialista y Partido Socialista y Libertad.
Alí Jiiménez y Oscar Figuera fueron los activistas que ingresaron a la institución estatal para entregar el documento en el que exigen la celeridad del caso, que dicta desde 2018. «Estamos la Fiscalía General de la República para consignar un nuevo documento para exigir justicia frente al asesinato de un grupo de militantes comunistas, que a lo largo de varios años (han sido asesinados). Hoy podemos contabilizar a siete camaradas y un activista del movimiento campesino, que fueron asesinados en estos años y no hay ningún tipo de respuestas. Hay una total y absoluta impunidad».
A Saab lo exhortaron a atender las denuncias que el grupo de activista ha realizado en varias oportunidades. «Ya anteriormente nos hemos dirigido a su despacho, a fin de exigir el impulso de los procesos de investigación y judicial de estos casos: en fecha 31 de octubre 2019; 14 de mayo 2021; 13 de enero 2022 y 10 de marzo de 2022. Sin embargo, hasta hoy no tenemos noticias sobre avances en la investigación o de la captura de los autores materiales, intelectuales y sus cómplices».
Además, Figuera abogó por el resto de campesinos asesinados por «supuestos» sicarios. «Reiteramos nuestro clamor ante tanta injusticia, no solo para nuestros casos de militantes comunistas arriba mencionados, sino también para los más de 300 activistas y dirigentes campesinos asesinados a manos de sicarios que fueron contratados por terratenientes, mafias enquistadas en las instituciones del Estado o por organizaciones corruptas que resuelven las disidencias con el asesinato o la desaparición forzada».