No se conocen datos oficiales de pobreza, de enfermedades, de causas de muerte, de presos en las cárceles, de fallecidos en accidentes de tránsito. Un velo cubre hoy las estadísticas que antes eran del conocimiento común
A la doctora Antonieta Caporale, simpática y conocida entre los periodistas por su disposición a conversar y a ofrecer información a los medios de comunicación, la nombraron ministra de Salud en enero de 2017. Cinco meses después, luego de publicar datos epidemiológicos de Venezuela, fue destituida del cargo. Aunque esta información es de obligatoria difusión, el gobierno del mandatario Nicolás Maduro dejó de publicarla desde 2014. Bajo la conducción de Caporale salieron de las gavetas los registros sanitarios de 2016, en los que se reconocía un aumento de la mortalidad materna y de enfermedades como la malaria. Una vez que la médica ginecóloga salió del cargo, el silencio oficial regresó a la salud.
Este sábado se recuerda en el Día Internacional del Derecho de Acceso Universal a la Información, y Venezuela lo conmemora navegando a tientas en las aguas del silencio, sin datos públicos como pobreza, inflación o enfermedades. «No hay nada que angustie más a una población que el desconocimiento; cuando usted conoce lo que está pasando, puede tomar medidas correctivas, pero si usted desconoce, la gente empieza a desesperarse, y consume cualquier bulo a través de redes sociales», advierte Huniades Urbina, presidente de la Academia Nacional de Medicina.
«La política de restringir el acceso a la información pública empezó desde los tiempos de Hugo Chávez ya en su última etapa, cuando se empezó a dejar de publicar la memoria y cuenta de algunos ministerios y los datos del Instituto Nacional de Estadística; el Cuerpo de Investigaciones Científicas dejó de publicar información sobre homicidios, la Policía Nacional dejó de informar sobre el número de protestas controladas por ellos y el Ministerio de Salud empezó a restringir la información epidemiológica», explica Marino Alvarado, defensor de derechos humanos e integrante del equipo de Provea.
Esta decisión se profundizó con el gobierno de Nicolás Maduro, cuando se dejaron de publicar «la memoria y cuenta y las estadísticas del Banco Central de Venezuela relacionadas con inflación, pero además esto se fue extendiendo a gobernaciones y alcaldías que empezaron a negar información básica que generalmente publicaban en su página web, o no respondían comunicaciones de solicitud de información», recuerda Alvarado.
Si un representante del gobierno acude a instancias internacionales y presenta algunas cifras es, también, una fuente de información oficial. «Ocurrió recientemente que Nicolás Maduro dijo que habían detenido a 2.229 manifestantes, una cifra que uno la puede tomar como oficial pero cuando la contrasta, por ejemplo, con la cifra que da el Ministerio Público, no es coherente con esa afirmaciones». El Ministerio Público «lanza una cifra generales de supuestas procesamiento de funcionarios policiales por violación de derechos humanos sin desagregar nada: cuántos están por presunta violación del derecho a la vida, o por práctica de tortura, o por extorsión; son cifras generales que terminan siendo cifras oficiales con muy poca credibilidad».
Pero «la tapa del frasco», como se diría coloquialmente, es «la ley antibloqueo porque ya no solamente impide el acceso a la información, sino que castiga severamente el que se publique información que se considera puede afectar la inversión y el desarrollo económico», caracteriza el defensor de derechos humanos. «Esta ley, por cierto, va en contravía a normativas en materia laboral, porque en materia laboral se plantea que las utilidades que deben repartir las empresas a final de año tiene que ver con la ganancias que han obtenido, y esa información debe ser de conocimiento de las organizaciones sindicales para que estas sepan si se está aplicando la normativa laboral en materia de utilidades». Pero también atenta contra la Lopcymat, «que establece que los trabajadores deberían tener información sobre las políticas que adopta la empresa en materia de condiciones y medio ambiente de trabajo, y que debe tener una representación a escala gerencial, y bajo la política de la ley antibloqueo nada de esto es posible».
Salud a oscuras
En Venezuela no se publican los boletines epidemiológicos ni el anuario de mortalidad desde el año 2016, rememora Urbina. «Eso significa que los venezolanos no sabemos de qué nos enfermamos, ni de qué morimos, ni cómo están las cifras de mortalidad. Nada. Todo el pueblo de Venezuela, y los médicos, no tenemos esa información».
¿Por qué no hay? «Nadie lo dice, nadie lo sabe. Nosotros, el personal de salud, inferimos que no les conviene poner esa información porque las cifras son demoledoras. Si en 2016 «las cifras eran demoledoras, había aumentado 30% la mortalidad infantil, llegó a 129 por cada por cada 100 mil nacidos vivos la mortalidad materna, estaban mal las cifras de vacunación, y en estos ocho años no ha habido una mejora significativa en la salud venezolana, asumimos que igual o peor están las cifras; al publicarlas, se ponen en evidencia».
En salud pública la escasez de información deja a médicas y médicos a merced de la intuición. «Estamos trabajando a ciegas, porque no tenemos cómo hacer un diagnóstico, cuál es la enfermedad de mayor prevalencia en este momento». Hay casos de dengue, comenta, «y no sabemos cuál es el serotipo que está circulando, porque no se publica, porque no lo dicen, no hay métodos para el diagnóstico en todos los hospitales. Entonces uno tiene que hacer inferencia clínica: ¿Será dengue? ¿Será chikungunya? ¿Será otra enfermedad? Hoy día la medicina está basada en la evidencia, necesitamos saber qué está circulando en el país, cuáles son las enfermedades prevalentes». Eso es necesario para hacer una buena medicina, lo que va de la mano con la dotación de los centros asistenciales y las herramientas para el diagnóstico.
Rompiendo el silencio
Las dificultades de acceso a la información pública le han dado más importancia al trabajo que hace muchas organizaciones de sociedad civil, reconoce Alvarado, «pero también, a la academia, de recopilar información, de lograr estadísticas, así sea en áreas muy determinadas pero que permitan conocer patrones del funcionamiento económico y social». El gobierno descalifica estos datos, pero son los que sostienen «buena parte del diagnóstico económico y social del país».
Organizaciones como Provea se nutrían de la información que el Estado venezolano debía aportar a organismos internacionales, como el Banco Mundial, la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud o el Fondo Monetario Internacional. «Desafortunadamente el gobierno ha dejado de enviar información también a estos organismos; excepcionalmente por la vía de la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud todavía se pueden lograr algunas informaciones que se les envían a esos organismos pero que no se atreven a publicar en Venezuela».
Los médicos, por ejemplo, se alimentan de las cifras que el Estado «debe mandar a las agencias internacionales», y por esa vía «podemos tener algunos datos de lo que está pasando puertas adentro en Venezuela», subraya Huniades Urbina.
Investigadoras e investigadores, al igual que organizaciones de la sociedad civil, se han visto obligadas a rastrear la información obtenida de fuentes no oficiales, o de fuentes oficiales -como lo aclara Alvarado- que no son públicas pero están dispuestas a colaborar. Sin embargo, el defensor de derechos humanos teme que en organismos como el INE efectivamente ya no tenga datos: «Como esa institución ha perdido buena parte de su personal, de acuerdo con la información que tenemos, es posible que se haya perdido la continuidad en las estadísticas sobre pobreza, sobre ingreso a la educación, sobre empleo y desempleo».
Huniades Urbina insta al Ministerio de Salud a publicar los datos que tiene en su poder: El anuario estadístico, las semanas epidemiológicas «para uno saber qué es lo que está pasando».
