Hasta el momento, el único imputado por el secuestro y homicidio de Ojeda es un joven venezolano de 17 años, que permanece en un centro juvenil desde marzo. Otros dos sospechosos fueron identificados y tienen una orden de detención vigente
La defensa de la familia del exmilitar venezolano asesinado en febrero pasado en Santiago, Ronald Ojeda, se reunió este miércoles con los fiscales venezolanos que llegaron la víspera a Chile para colaborar en la investigación del crimen.
El abogado defensor, Juan Carlos Manríquez, indicó en declaraciones a los periodistas que el objetivo del encuentro era «tener un acercamiento, manteniendo la reserva de la investigación y la causa, que nos permita avanzar en el esclarecimiento del horrendo crimen de Ronald Ojeda».
El director de Asuntos Internacionales del Ministerio Público venezolano, Álvaro Cabrera, y el director general contra Delitos Comunes, Ángel Fuenmayor, se encuentran en Chile desde el martes y se reunirán el jueves con sus pares de la Fiscalía chilena.
Los restos de Ojeda, disidente del Gobierno de Nicolás Maduro y asilado político en Chile, fueron hallados diez días después de haber sido secuestrado en una toma irregular en una localidad periférica de la capital, sepultados a una profundidad de 1,4 metros, debajo de un bloque de cemento.
Según la investigación preliminar, Ojeda habría sido sacado en plena noche de su casa, casi desnudo, por un grupo de personas vestidas con falsos uniformes de la Policía chilena.
«Dentro del marco institucional y respetando las competencias de todas las autoridades involucradas, no vamos a dejar de hacer ninguna gestión que sirva para encontrar, aunque sea un atisbo, de cooperación que nos permita llegar al fondo de estos hechos y detener a los responsables ya identificados y juzgarlos en el país», añadió el abogado Manríquez.
El fiscal a cargo del caso, Héctor Barros, vinculó el crimen con la banda criminal Tren de Aragua, nacida en una cárcel venezolana y extendida por Chile, Perú, Colombia y Bolivia, y el caso generó fricciones entre ambos países y acusaciones por parte de Chile hacia Venezuela de falta de cooperación.
El canciller chileno, Alberto van Klaveren, explicó este miércoles en otro punto de prensa que la visita de los fiscales venezolanos es «producto de los requerimientos que ha hecho Chile de manera muy insistente» y aseguró que «el valor de la información que (los fiscales) puedan proporcionar está por determinar».
Van Klaveren, que el domingo reiteró en una entrevista en El Mercurio que Venezuela no está colaborando lo suficiente en la investigación, confirmó que el embajador chileno en Caracas, Jaime Gazmuri, seguirá en sus funciones, después de que el diplomático fue llamado a consultas en abril por el presidente Gabriel Boric.
«El embajador Gazmuri tiene una serie de misiones que se le han encomendado y esperamos que las pueda seguir cumpliendo. En Venezuela hay un proceso electoral en marcha y existen también procesos de repatriación de venezolanos y esa es parte de la misión que se le ha encomendado», añadió el canciller.
Hasta el momento, el único imputado por el secuestro y homicidio de Ojeda, de 32 años, es un joven venezolano de 17 años, que permanece en un centro juvenil desde marzo.
Otros dos sospechosos fueron identificados y tienen una orden de detención vigente, pero se encuentran prófugos de la Justicia.
El fiscal nacional de Chile, Ángel Valencia, valoró el martes la visita de los fiscales venezolanos y dijo que hay sospechas de que los dos sospechosos se encuentren en Venezuela.
