El decreto será entregado a la Corte Constitucional «para que emita el dictamen que corresponda»
El Gobierno de Ecuador anunció este miércoles la declaración de un nuevo estado de excepción focalizado en varias provincias del país después de que la última medida de este tipo fuese declarada inconstitucional por la Corte Constitucional, al señalar que su carácter extraordinario no estaba debidamente fundamentado.
Este fue el principal acuerdo tomado por el Consejo de Seguridad Pública y del Estado (Cosepe), celebrado este miércoles en el Palacio de Carondelet, la sede del Ejecutivo ecuatoriano, con la presencia del presidente Daniel Noboa.
En un pronunciamiento ante periodistas, la asesora presidencial Diana Jácome destacó que la decisión de este nuevo estado de excepción ha sido decidida de forma unánime y cuenta con el apoyo de todos los miembros del Cosepe.
Jácome argumentó que el estado de excepción «es necesario en varias provincias por el número actos delictivos del que cada uno de nosotros hemos sido testigos».
«Es importante tomar acciones y por ello el Gobierno nacional ha decidido decretar un nuevo estado de excepción. La seguridad de todos los ecuatorianos es primordial para este Gobierno», incidió.
La funcionaria, que no detalló las provincias que serán parte de este nuevo estado de excepción, señaló que el decreto será entregado a la Corte Constitucional «para que emita el dictamen que corresponda».
El pasado viernes 10 de mayo, la Corte Constitucional de Ecuador declaró inconstitucional el anterior estado de excepción decretado por Noboa para combatir la delincuencia organizada por sesenta días en cinco provincias (Guayas, Manabí, Los Ríos, Santa Elena y El Oro), todas ellas situadas en la zona costera del país.
En su dictamen, con siete votos a favor y dos en contra, el máximo tribunal de garantías de Ecuador determinó que en su nueva declaración de estado de excepción no ha justificado la configuración de «conflicto armado interno» esgrimida para declarar esta medida de carácter extraordinario.
La magistrados constitucionales resolvieron que «tampoco se ha justificado su ámbito territorial y temporal de aplicación ni que los hechos aludidos no puedan ser enfrentados a través del régimen ordinario.
La medida había sido emitida el 30 de abril y contemplaba la movilización de las Fuerzas en Armadas en apoyo a la Policía para combatir a la delincuencia organizada y la suspensión del derecho a la inviolabilidad del domicilio, para poder ingresar y registrar inmuebles sin orden judicial.
En el momento de emitirse ese estado de excepción todavía no había entrado en vigor la reforma de la Constitución aprobada en el reciente referéndum del pasado 21 de abril donde se permite que los militares brinden apoyo permanente a la Policía en operaciones contra el crimen organizado, sin necesidad de estados de excepción.
Desde inicio de año, Noboa elevó la lucha contra el crimen organizado a la categoría de «conflicto armado interno», con el que pasó a catalogar a las bandas criminales como grupos terroristas y actores beligerantes no estatales.
Al mismo tiempo emitió un estado de excepción a nivel nacional que estuvo en vigor desde el 8 de enero hasta el 7 de abril, y mediante el cual pasó a militarizar las cárceles, uno de los epicentros de la crisis de violencia del país al encontrarse muchas prisiones dominadas por las bandas criminales.
A las bandas del crimen organizado, dedicadas principalmente al narcotráfico, se les atribuye la ola de violencia que azota a Ecuador y que le ha llevado a figurar entre los primeros países de Latinoamérica con más homicidios, con una tasa de 47 por cada 100.000 habitantes en 2023, según el Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado (OECO).
Este miércoles la organización internacional Human Rights Watch (HRW) envió una carta a Noboa para expresarle que sus evaluaciones sobre ese primer estado de excepción determinaron que la declaración de «conflicto armado interno» no está suficientemente motivada y que esa medida contribuyó a serias violaciones de los derechos humanos.
