Escasez de agua y aumento de temperatura son solo dos consecuencias de la destrucción de bosques para la exportación de carbón, advierte la profesora Blanca Gutiérrez. Se están violando la Constitución, la Ley de Bosques y los convenios internacionales suscritos por Venezuela, subraya la abogada y ambientalista Alicia Figueroa
Carbón para hoy, hambre para mañana. Lo que auguran varios expertos es que, si se mantiene la explotación de carbón en el semiárido larense, las propias comunidades involucradas en la tala de los bosques tendrán que abandonar sus hogares en busca de alimentos y para escapar del aumento de la temperatura.
La deforestación está afectando la biodiversidad y aumentando las condiciones hostiles en un ecosistema ya frágil, señala Blanca Gutiérrez, profesora universitaria y ambientalista. De seguir la actividad carbonífera el hábitat se volverá inhabitable, invivible, y eso «va a hacer que las personas tengan que desplazarse, porque allí no van a poder criar más chivos, no van a poder sembrar nuevamente. El daño que se está haciendo es muy alto, lo cual es lamentable, porque va a desaparecer el territorio del semiárido». Incluso, «allí vamos a tener desiertos», advierte.
Hay 17 empresas con permiso para almacenar carbón, más cinco empresas con permiso de aprovechamiento forestal, «y en una de ellas es accionista la Alcaldía de iribarren», explica la abogada y ambientalista Alicia Figueroa. Varios funcionarios han declarado públicamente «la exportación de 181 toneladas de carbón en 2023, y de 51 toneladas en el primer trimestre de 2024. Para producir 200 kilos de carbón se deben quemar mil kilos de madera. Es decir, que el bosque se está acabando a la vista de todos. Se hace una explotación grosera y evidente». Hay, insiste, «un ecocidio del bosque semiárido».
Los árboles y los jóvenes, las primeras víctimas
El corte de árboles en Barquisimeto, aunado a la desaparición de la madera, inquieta a Figueroa, que asocia este daño ambiental con lo que sucede en otros espacios larenses. «Los grupos ambientalistas de Lara introdujimos en marzo pasado, ante la fiscalía superior, una denuncia bien sustentada. Recogimos la información que había en las parroquias foráneas y la plasmamos en un escrito. Planteamos que hay una deforestación grave y continuada del bosque, y que los funcionarios de Inparques han sido objeto de amenazas graves a su integridad física por intentar salvaguardar el bosque en esas parroquias».
Los ambientalistas «estamos denunciando la tala del bosque seco para la producción de carbón vegetal para exportación», resume Gutiérrez. Aclara que anteriormente se obtenía madera, pero a menor escala, para un consumo interno. Pero ahora, «cuando se está produciendo para exportarla a otros países y se está pagando en divisas, se ha incrementado la cantidad de personas que están cortando y que no tienen ningún plan de reforestar estas zonas».
Según su diagnóstico, parece difícil retornar al estado natural, y no solo por las lesiones al ecosistema, sino por los cambios socioculturales: «Los muchachos abandonan la escuela, abandonan el liceo para ir a producir carbón, porque para ellos es mucho más rentable. En una entrevista con uno de los encargados de los entes ambientales, nos decía ‘este es un problema social, porque nosotros no podemos ir y quitarles esta actividad que ellos están haciendo'» debido a que no hay con qué sustituirla.
Los tres municipios involucrados en la actividad carbonífera «son de gente de pocos recursos, y las empresas se han dado a la tarea de financiarles la motosierra para que deforesten y entreguen el carbón. Cuando algunos vecinos dicen que no quieren que deforesten el bosque, ha habido, incluso, amenazas de muerte».
En el semiárido «se ha privatizado la naturaleza, y es objeto de expolio» con empresas en las que participa el Estado, condenó Andrés Antillano, dirigente de La Otra Campaña.
Consecuencias sin control
Desplazados climáticos son una cara de la moneda del daño causado a los bosques en Lara. Otra cara, las fallas en servicios públicos. «Barquisimeto tiene problemas de agua desde hace muchos años, y están asociados con la explotación del carbón», subraya Figueroa.
Expertos como la investigadora Miriam Díaz han documentado el aumento de la temperatura en la zona, refiere Gutiérrez. «El incremento puede ser de más de 10 grados centígrados, y ya la temperatura está en 31 o 32 grados». Si esto sigue así, estima, nadie va a poder residir en las comunidades actuales.
«Las especies que se están utilizando, porque se pagan a mejor precio en el mercado internacional, son especies como la vera, porque la madera es mucho más densa y por los olores que genera. Son especies mucho más atractivas para esta venta internacional, porque las pagan las pagan mejor, pero el precio que estamos pagando los que vivimos en este territorio a la larga va a ser mayor».
La Constitución, bajo la motosierra
Blanca Gutiérrez insiste en que, no porque muchas personas echen abajo el bosque, deja de ser un delito. «La sustentabilidad la tenemos que considerar, porque estamos causando un daño a estos territorios al punto de que va a ser muy difícil volver a a su punto inicial».
Como abogada, Alicia Figueroa cita algunas de las normas que se están violentando. La primera de todas: la Constitución, «que establece el derecho a disfrutar de un ambiente sano». Esto confirma «que los permisos entregados son nulos, porque contradicen la Constitución. No puedes otorgar un permiso para explotar carbón en el Parque Nacional Cerro Saroche».
También se está desconociendo la Ley de Bosques, que garantiza que el manejo de los bosques y los componentes forestales «debe hacerse en función de los intereses actuales y futuros y bajo lineamientos de desarrollo sustentable»; igualmente, que el uso debe ser inferior a la capacidad de regeneración.
Se desconocen, por otra parte, los acuerdos internacionales suscritos por Venezuela para la reducción del cambio climático, resalta, los cuales dependen en gran medida de los recursos naturales para captar emisiones.
Las propuestas para el semiárido larense han sido claramente dibujadas por los defensores del ambiente. Detener la explotación de carbón de inmediato, comenzar los procesos de restauración de los bosques, instalar viveros en las propias comunidades, entre otras.
«Estamos agotando las vías legales», reitera Figueroa, y por eso la solicitud de actuación que han manifestado en el Ministerio Público. Los movimientos ambientalistas, que consideran que se les va la vida en la defensa del semiárido, no descartan otras acciones.
