La política de bonificar «desestimula el trabajo», advierte el profesor José Gregorio Afonso
Nadie se baña dos veces en el mismo río, afirmó el filósofo Heráclito. Aunque las protestas, reuniones y cartas parece que no han llegado a nada, el río ha seguido corriendo. «Hay algo diferente en relación con los meses anteriores: el informe de la discusión del convenio 26 (salario) en el Foro de Diálogo Social está en Miraflores», explica José Gregorio Afonso, presidente de la Asociación de Profesores de la UCV (Apucv).
-¿Cómo sabe?
-Ese es el procedimiento: se presentan las propuestas, se cierra, se levanta la memoria y se remiten al gobierno. El que decide, en materia de salario mínimo, es el gobierno. Ya tiene los insumos para hacerlo. Hay algo diferente. ¿Qué es lo diferente? Que tienen una propuesta que no solo está en los medios de comunicación, que no solo establecen lo sindicatos o gremios, sino que está con una metodología, tiene unos actores. Fuera de la Central Bolivariana, que no dice nada si el gobierno no lo dice antes, todos los actores, con matices, han dicho que hay que aumentar el salario. Hasta la propia Fedecámaras, que ha hablado de la reformulación de la ley, salió hablando de un bono de 110 dólares como ingreso mínimo vital y luego matizó su posición al decir que podían ser 50 de salario y 60 en bonos. Semanas antes un miembro de la Central Bolivariana dijo que se podía salarizar un bono, Fedeindustria dijo que podía aumentar el salario de forma gradual. Lo que está claro es que por lo menos está avanzando la idea de que el salario hay que recuperarlo. Por supuesto, nuestra propuesta dista de estimaciones y cálculos.
El Foro de Diálogo Social ha trabajado, con la facilitación de la OIT, para acercar las posiciones del gobierno, varias centrales sindicales y las organizaciones de empleadores. La propuesta más reciente de los gremios busca elevar el salario mínimop a 200 dólares mensuales.
Los asesores de la CTV han manifestado que hay fondos para satisfacer los requerimientos de trabajadoras y trabajadores, recuerda Afonso: «Si tienen más dinero por petróleo y por impuestos, la gasolina la venden a precio internacional, han creado nuevos impuestos, tienen el arco minero, no van a decir que no tienen plata. Si no, estamos como aquel llanero que preguntó ‘dónde están los reales, y nosotros agregaríamos para quiénes son».
El dirigente gremial reitera que no comparten la política de bonificar el salario y advierte que «desestimula el trabajo» porque «el bono lo cobra, en la misma cantidad, el que suérvisa a 15 personas como uno de los 15 supervisados». El ingreso mínimo vital, o piso de protección social, es para situaciones de urgencia, como la pandemia, pero en Venezuela «vamos para dos años sin pandemia, con crecimiento económico y sin aumento; y se va haciendo de la excepción, la norma».
-¿Por qué no revisar las prestaciones?
-Ese es un derecho de Fedecámaras, pero no lo va a plantear en la discusión del convenio 26; tiene que plantearlo ante la Asamblea Nacional. ¿Quién reformula las leyes? El Poder Legislativo, no el Ejecutivo. Si Fedecámaras quiere cambiar las prestaciones, que lo lleve al Poder Legislativo.
-¿Qué perdemos los trabajadores si nos quitan las prestaciones?
-Perdemos el patrimonio de nuestra vida. Cuando nos jubilamos, configuramos una nueva etapa de la vida y la prestación nos protege. La prestación se acumula como un ahorro de nuestro trabajo, y nos genera el disfrute del post trabajo. Eso está perdido por una política económica que ha destruido el trabajo, porque en menos de cinco años le han quitado cinco ceros a la moneda. Si hay algo que vale poco en el país es el bolívar. Hemos tenido cualquier cantidad de bolívares y todo el mundo sale corriendo a comprar dólares. Mantenernos así y eliminar las prestaciones es quitar el atractivo que tenga el trabajo.
