Las autoridades locales y organizaciones se declararon en paro contra el contrato con la empresa privada Joinnus
Leslie Urteaga, ministra de Cultura de Perú, aseguró que el gobierno mantiene su decisión de establecer un nuevo sistema para la venta de entradas a Machu Picchu, al considerar que el anterior era «sinónimo de corrupción».
«No podemos volver a una plataforma que es sinónimo de corrupción», sostuvo el pasado domingo Urteaga, en una entrevista programa de televisión Panorama.
La ministra aseguró que el sistema anterior permitía la existencia de una contabilidad paralela y que se «perdían» entre 70.000 y 80.000 entradas anuales, con un perjuicio económico de 7,5 millones de soles (unos dos millones de dólares).
El nuevo sistema de venta de entradas para asistir a la ciudadela inca, a cargo de la plataforma Joinnus, desató protestas y un paro que afecta al principal lugar turístico de Perú, con bloqueos en las vías férreas de acceso.
De acuerdo con organizaciones y políticos, el contrato se adjudicó de forma opaca. Aunque la ministra aseguró que «retornar a la plataforma antigua, en este momento, significaría un caos».
«Esa plataforma te permitía poner que te llamabas Jennifer Lopez y tu pasaporte era 1111111. La nueva tiene controles de seguridad, valida y hay una base de datos. Entonces, volver sería aún más dramático para el sector», insistió.
Urteaga condenó la situación que se está viviendo en Machu Picchu Pueblo, el nombre con el que se conoce al pueblo de Aguascalientes, uno de los puntos de acceso a la ciudadela inca. Numerosos turistas han visto paralizadas sus actividades por el paro que se declaró hace más de una semana.
«Me da lástima, porque esto es producto justamente de unos pocos que quieren seguir sacando provecho de nuestro patrimonio cultural a través del mercado negro de los tickets», afirmó la ministra.
Los enfrentamientos con las fuerzas de seguridad han dejado al menos ocho heridos, entre ellos cinco policías.