Las organizaciones proponen «fortalecer los procedimientos de supervisión, control y regularización ya existentes en el país»
La alianza Sinergia instó a la Asamblea Nacional (AN) a no aprobar el proyecto de ley que regula las organizaciones no gubernamentales (ONG). Solicitó al Parlamento, igualmente, «poner fin a los discursos estigmatizantes de la labor y el compromiso con los derechos y el bienestar de la población venezolana y de las organizaciones de la sociedad civil».
Las casi 30 organizaciones que suscriben el comunicado proponen «fortalecer los procedimientos de supervisión, control y regularización ya existentes en el país, a fin de preservar la transparencia y buenas prácticas de las organizaciones de la sociedad civil en Venezuela».
Este es el comunicado completo:
Las organizaciones abajo firmantes, miembros de la Red Venezolana de Organizaciones de la Sociedad
Civil Sinergia, una vez revisada y realizadas las respectivas consultas a nuestras asociadas, rechazamos
la posible aprobación del “Proyecto de Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento
de las Organizaciones No Gubernamentales y Afines” en lo sucesivo “proyecto de ley”. Ante esto como
organizaciones de la sociedad civil que trabajan en pro del fortalecimiento de la democracia, la defensa de
los derechos humanos y las causas sociales, deseamos manifestar nuestra profunda preocupación por las
graves implicaciones que tendría su aprobación e implementación para el ejercicio del derecho humano a
la libertad de asociación y el cierre del espacio cívico en Venezuela, lo cual tendría consecuencias directas
para las miles de personas que estas organizaciones atienden y apoyan con sus programas.
Aunque el documento no es público, el pasado viernes 12 de enero de 2024, la Asamblea Nacional (AN)
inició la Consulta Pública del proyecto de ley, que había sido aprobado en primera discusión el 24 de enero
de 2023. A lo largo de 5 capítulos, 17 artículos y 2 disposiciones transitorias, este proyecto de ley otorga
un control discrecional y absoluto al estado venezolano sobre la creación y funcionamiento de todo tipo de
organización social, creando un nuevo sistema jurídico para su constitución, registro y administración,
incluyendo: organizaciones no gubernamentales, fundaciones, asociaciones civiles sin fines de lucro,
nacionales o extranjeras.
El proyecto de ley establece obligaciones como solicitar autorización para su creación o acreditación en
caso de ya estar constituidas, para ejercer sus funciones en el país, limita el ámbito geográfico de acción y
dispone de poderes amplios y discrecionales del Estado para fiscalizar los documentos y el trabajo de las
organizaciones, pudiendo supervisar, inspeccionar y controlar sus labores. En el caso de no cumplir con
los extensos requisitos solicitados, las sanciones establecidas en el proyecto van desde el pago de
onerosas multas hasta el posible cierre operativo, sin determinar cuándo procede cada sanción.
El estado de derecho, la independencia judicial y la separación de poderes han sido severamente
erosionados en Venezuela, como lo han advertido órganos internacionales de derechos humanos. Por
ello, el proyecto de ley pone en riesgo el funcionamiento de todo tipo de organizaciones de sociedad civil
independientes, restringiendo y eventualmente impidiendo su participación en el espacio cívico.
Ya en 2023 numerosos actores internacionales advirtieron sobre el incumplimiento de este proyecto de ley
con las obligaciones de Venezuela en materia de derechos humanos, como es el caso del comunicado
conjunto de los Procedimientos Especiales de Naciones Unidas, el comunicado de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos y los comentarios del Alto Comisionado de Naciones Unidas para
los Derechos Humanos, Volker Türk.
Sinergia es una Red Venezolana de Organizaciones de la Sociedad Civil, integrada por 65 organizaciones
con una amplia diversidad de mandatos, que con sus programas atienden a miles de personas. Además, la
red tiene 27 años de trabajo ininterrumpido en el fortalecimiento, documentación, atención y defensa de los
Derechos Humanos, especialmente los derechos de asociación y de participación en asuntos públicos en
Venezuela.
Por lo antes expuesto, por el bien de las personas con las que trabajamos y que atendemos, de los
residentes y personas en situación de movilidad que se encuentran fuera de Venezuela:
Rechazamos:
- Toda declaración que estigmatice, obstaculice y criminalice el trabajo incansable y honesto de las
organizaciones de sociedad civil y de sus miembros en la atención de personas en situación de
vulnerabilidad y en la promoción y defensa de los derechos humanos, bajo acusaciones infundadas
de participar en supuestas acciones conspirativas que afectan la seguridad nacional y los intereses
de la nación, - Las restricciones que han impedido el registro y actualización de la documentación de las
organizaciones de sociedad civil, - La posible aprobación del texto de ley, producto de consultas no sustantivas, que no cumpla con las
obligaciones internacionales de Venezuela en materia de derechos humanos.
Exigimos: - Se respete el contenido de los tratados internacionales de derechos humanos que versan sobre el
derecho a la libertad de asociación y los estándares de un entorno libre y seguro del espacio cívico,
garantizando sus contenidos esenciales de libertad y autonomía, de las personas a asociarse y a
llevar adelante sus fines, - Se respeten los principios constitucionales y de derechos humanos, como la libertad de asociación,
expresión, la participación en asuntos públicos y el principio de legalidad.
Solicitamos: - Al gobierno nacional promover y facilitar el trabajo que realizan todas las organizaciones de la
sociedad civil, así como reconocer el impacto de su trabajo en el país que atraviesa una
emergencia humanitaria compleja desde 2016. - A los Diputados de la Asamblea Nacional, a no aprobar el presente proyecto de ley, a poner fin a
los discursos estigmatizantes de la labor y el compromiso con los derechos y el bienestar de la
población venezolana y de las organizaciones de la sociedad civil, - A los organismos internacionales de derechos humanos a mantener su atención sobre las
amenazas de cierre del espacio cívico en Venezuela y la violación de estándares de derechos
humanos, en particular los referidos a la libre asociación y otros relacionados con sus mandatos y,
a su vez, a pronunciarse en contra de la aprobación de este proyecto de ley, - A los países receptores de migrantes venezolanos, a comprender que las restricciones a la
necesaria labor de las organizaciones producto de la posible aprobación de esta ley implicaría
privar de atención a poblaciones vulnerables que requieren de asistencia humanitaria y el riesgo de
incremento de la migración forzosa, - A las organizaciones de la sociedad civil y sus miembros, a no desfallecer en su trabajo por la
ayuda a personas en necesidad y la defensa de sus derechos humanos, recordando que lo que
dejemos de hacer hoy afectará profundamente el porvenir de las futuras generaciones y la
construcción de la sociedad y país que queremos.
Proponemos: - Fortalecer los procedimientos de supervisión, control y regularización ya existentes en el país, a fin
de preservar la transparencia y buenas prácticas de las organizaciones de la sociedad civil en
Venezuela, - Acompañar y fortalecer los procesos de registro y actualización de los documentos constitutivos,
incluyendo los de las organizaciones de sociedad civil, teniendo en cuenta que esto será posible de
cara a la colaboración de las instituciones competentes del Estado en habilitar y agilizar
nuevamente estos procesos, que se encuentran limitados e incluso paralizados
