La Corte Internacional de Justicia (CIJ) falló el 1 de diciembre a favor de las medidas provisionales solicitadas por Guyana y ordenó al gobierno de Nicolás Maduro abstenerse de tomar medidas que agraven la disputa territorial por el Esequibo.
«Por unanimidad, en espera de una decisión final en el caso, la República Bolivariana de Venezuela se abstendrá de tomar cualquier acción, que modifique la situación que actualmente prevalece en el territorio, por el cual la cooperativa La República de Guyana administra y ejerce control sobre esa zona», señaló la jueza Joan E. Donoghue, presidenta de la CIJ.
Guyana interpuso ante la Corte un recurso para que se suspenda o se elimine de la consulta una de las preguntas, bajo el argumento de que Venezuela lo que busca es anexionar la Guayana Esequiba. Aseguraron que esto sería una muestra de la violación al Derecho Internacional y desataría «caos» en la región.
La Corte basó su decisión en que «el derecho de Guyana a la soberanía sobre el territorio en cuestión es plausible» y, por tanto, existe un vínculo entre los derechos reclamados por ese país y una de las medidas provisionales que se solicitaron ante la CIJ.
Los magistrados de la CIJ llamaron la atención sobre la pregunta 5 de referendo que adelanta la administración de Nicolás Maduro, previsto para el 3 de diciembre, sobre la creación del «estado Guayana Esequiba» y que se lleve un plan acelerado de cedulación para los habitantes de esa región, así como la incorporación de este territorio como estado.
«En vista de las fuertes tensiones entre ambas partes, hay un riesgo serio de que Venezuela obtenga el control», señaló la CIJ, y que se produzca un riesgo de perjuicio reparable al derecho de Guyana al territorio del Esequibo.
También se consideró que la toma de territorio en cualquier momento, como lo han asomado funcionarios venezolanos, luego del referendo «demuestra urgencia» en la materia.
