Incluye una referencia directa al expresident Carles Puigdemont al señalar que «quedarán sin efecto las órdenes de busca y captura e ingreso en prisión» así como “las órdenes nacionales, europeas e internacionales de detención”, que afectan también a otros tres dirigentes fugados
La ley de la amnistía implica anular la «responsabilidad penal, administrativa y contable» de todos aquellas personas vinculadas con la preparación, ejecución y consecuencias del proceso soberanista en Cataluña durante una década, entre el 1 de enero de 2012 y el 13 de noviembre de 2023.
La amnistía se aplica no solo a los líderes de ERC y Junts, Oriol Junqueras y Carles Puigdemont, junto a los principales dirigentes independentistas consellers y diputados, sino también a directores de colegios del 1-0, alcaldes, manifestantes así como los agentes policiales que actuaron durante el referéndum del 1 de octubre de 2017.
También incluye una referencia directa al expresident Carles Puigdemont al señalar que «quedarán sin efecto las órdenes de busca y captura e ingreso en prisión» así como “las órdenes nacionales, europeas e internacionales de detención”, que afectan también a otros tres dirigentes fugados.
Estos son los exconsellers Antoni Comín y Lluis Puig junto a la secretaria general de ERC, Marta Rovira. Todos ellos contaban con una orden nacional de detención dictada por el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena.
Cumplir la legalidad no es “suficiente”
Además la proposición de ley de amnistía justifica su necesidad en que la aplicación de la legalidad es «necesaria», pero “en ocasiones no es suficiente para resolver un conflicto político sostenido en el tiempo”, por lo que aboga porque el Derecho se adapte al contexto político.
Por tanto, añade el texto, “esta amnistía constituye una decisión política adoptada bajo el principio de justicia en el entendimiento de que los instrumentos con los que cuenta un estado de derecho no son, ni deben, ser inamovibles; toda vez que es el Derecho el que está al servicio de la sociedad y no al contrario”, expone el preámbulo de la norma.
Excluye delitos de terrorismo cuando exista condena firme
La propuesta para Ley de Amnistía excluye el perdón para los delitos de terrorismo cuando exista una condena firme y hayan consistido en alguna de las conductas previstas en la directiva europea de 15 de marzo de 2017, que abarca desde atentados mortales a tenencia y fabricación de explosivos, así como los de torturas.
Esa exclusión deja ahora mismo en el aire una posible amnistía para dos de las causas abiertas al independentismo por terrorismo.
Son la de las protestas de Tsunami Democràtic, en la que la Audiencia Nacional investiga al expresidente catalán Carles Puigdemont y la secretaria general de ERC Marta Rovira, y la de los CDR encausados por planificar actos de sabotaje en repuesta a la sentencia del procés.
Sin alusiones al “lawfare”
La proposición, por otro lado, no incluye ninguna alusión al “lawfare” o persecución política desde los tribunales y tampoco menciona las comisiones de investigación en el Parlamento sobre sentencias judiciales.
El texto ignora esos dos aspectos incluidos en el acuerdo entre el PSOE y Junts de la semana pasada y que ha suscitado la crítica unánime de todo el ámbito judicial.
Sí prevé, sin embargo, la reforma del Código Penal para incluir en su artículo 130 la amnistía como causa expresa de extinción de la responsabilidad penal junto al indulto.
En su exposición de motivos, el proyecto de ley de amnistía presentado hoy subraya que con la “decisión de política legislativa” que asumen las Cortes con este perdón “no solo no invaden otros espacios, sino que, muy al contrario y en uso de sus competencias, asumen la mejor vía de las posibles para abordar, desde la política, un conflicto político”.
Eximidos de pagar entre 3 y 5 millones por el “procés”
Además de los procedimientos penales, la ley de amnistía también borrará la presunta “responsabilidad contable” de más de una treintena de exdirigentes catalanes, incluido Carles Puigdemont, que este viernes tienen un juicio en el Tribunal de Cuentas, en el que se les reclama entre 3 y 5 millones de euros.
Éste del Tribunal de Cuentas es uno de los procedimientos más inminentes por el “procés” y afecta, además de a Puigdemont, al expresident Artur Mas, al exvidepresident Oriol Junqueras, a varios exconsejeros y exaltos cargos de la Generalitat por el supuesto desvío de fondos públicos para el referéndum del 1 de octubre de 2017, declarado ilegal, y la promoción exterior del “procés”.
La Fiscalía cifra ese desvío en unos 3,4 millones de euros, cantidad que reclama que abonen los abonados de forma solidaria, mientras que Sociedad Civil Catalana, que también ejerce de demandante, la eleva a 5,3.
EFE
