El Kremlin se defiende ante las acusaciones realizadas por el ente internacional que lo ha acusado de ser responsable ante la numerosa deportación de niños hacia Ucrania
Este lunes 25 de septiembre, la Corte Penal Internacional, (CPI), emitió una orden de arresto contra el primer mandatario de Rusia, Vladimir Putin, como presunto responsable de la deportación de niños y el traslado de éstos hacia zonas ocupadas de Ucrania.
La política rusa María Lvova Belova, comisionada presidencial para los Derechos de Niños en Rusia, también fue acusada por los mismos cargos.
El Krenlim por su parte, considera nula la decisión, además de que ordenó la búsqueda del presidente de la Corte Penal Internacional (CPI), el polaco Piotr Hofmanski, a quien ya tiene en su lista de personas más buscadas, sin precisar el motivo, «buscado en el marco de una investigación penal», indicaron fuentes de Tass y Ria Novosti.
El Comité de Instrucción de Rusia impulsa un caso penal contra el fiscal y los jueces de la CPI, al señalar que la persecución penal del presidente ruso «tiene un deliberado carácter ileagal, ya que no hay motivos para imputar una responsabilidad criminal», señaló DW.
El ministro de Relaciones de Rusia, Serguéi Lavrov, llamó al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, para que aporten pruebas ante la acusación de que Moscú ha secuestrado niños.
Aunque Rusia no forma parte de la CPI, la orden monitorea los movimientos de Putin, quien hasta ahora no ha podido viajar fuera de Rusia y tuvo que cancelar su viaje a Suráfrica para asistir a la Cumbre de los BRICS.
El líder ruso sólo podrá viajar a China, país que no ha firmado el estatuto de Roma, tratado fundacional de la CPI.
