Primero Justicia emitió un comunicado es una respuesta a lo dicho ayer en la Asamblea Nacional, donde Jorge Rodríguez calificó como ladrones a Julio Borges, Henrique Capriles, Manuel Rosales, Juan Guaidó y Dinorah Figurera, a quienes acusó de beneficiarse con parte de los recursos del Estado venezolano existentes en el exterior
Primero Justicia calificó como de infundados los señalamientos que el presidente Nicolás Maduro ha hecho sobre ese partido en relación con lo que ocurre con la empresa Citgo, por lo que “proponemos que de manera inmediata se reactive sin excusa alguna, el proceso de negociación que se lleva a cabo en México, para que en el marco de este espacio se asuma y se construya un acuerdo nacional para la defensa de este importante activo”, expresa un comunicado emitido por esa organización política
En el escrito, el partido encabezado por Julio Borges y Henrique Capriles hace un llamado al “gobierno de EEUU para que extienda y restaure su política de larga data para proteger los activos de Venezuela ubicados en su territorio”.
En el comunicado de PJ se señala a las políticas de expropiaciones masivas, confiscaciones y endeudamiento excesivo, “junto a la práctica generalizada de corrupción, de los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro”, de haber generado demandas judiciales en el extranjero contra Pdvsa y sus filiales como la razón para la amenaza que se cierne sobre la propiedad de Citgo en la actualidad.
Concretamente exponen los casos de Crystallex y ConocoPhillips, ambas empresas expropiadas por Hugo Chávez, a lo que se suma el endeudamiento hecho por el gobierno de Maduro a través del Bono Pdvsa 2020, emitido “en condiciones totalmente lesivas para la República, al colocar 50,1% de las acciones de Citgo como garantía por 1.500 millones de dólares”.
Otra decisión que consideran lesionó los intereses del país, fue la entrega, por parte del gobierno de Maduro, a la empresa rusa Rosneft “el restante de 49,9% de las acciones de Citgo, como garantía de los otros 1.500 millones de dólares del Bono PDVSA 2020; además, pagando una tasa de interés exorbitante de 8,5%, siendo la mayor tasa pagada por una empresa petrolera en el mundo”.
El asunto se agravó, en opinión de Primero Justicia, por la pretensión de los tenedores de bonos de cobrarlos a través de Citgo “como consecuencia de la declaratoria de incumplimiento de pago por parte de Maduro en noviembre de 2017. Al momento las pretensiones patrimoniales sobre Citgo superan más de 8.500 millones de dólares”.
Sostienen que, desde el año 2019, la Asamblea Nacional electa en 2015 solicitó y obtuvo protecciones ejecutivas de los activos del Estado venezolano ubicados en Estados Unidos, lo que ha impedido, hasta ahora, que Citgo sea rematada en los tribunales de ese país.
Sin embargo, cuestionan la estrategia empleada por el gobierno de Juan Guaidó, “que privilegió el activismo judicial sobre las posibilidades de negociación con los acreedores del Estado venezolano que, bajo la tesis del «alter ego,» perseguían los activos de Venezuela en ese país, especialmente a Citgo y actualmente existen sentencias en contra de la empresa y un peligro inminente sobre la misma”.
Debido a la crítica situación legal que vive Citgo y su relevancia estratégica para el país, plantean que entre todos los venezolanos se defina una estrategia común “se construya en la negociación en México, dándole su carácter de política de Estado. Por tal motivo, condenamos que se pretenda utilizar la crisis que hoy atraviesa la empresa como una herramienta de persecución política”.
En la sesión del martes 17 de mayo, la Asamblea Nacional aprobó la Ley para la Protección de Activos en el Exterior, en la cual se establecen penas para quienes hayan usurpado funciones de cargos gubernamentales, en una clara y directa alusión al llamado gobierno interino y a los funcionarios nombrados por éste en Pdvsa Ad Hoc, Citgo, Monómeros y los juicios por el oro depositado en Inglaterra.
Este comunicado de Primero Justicia es una respuesta a lo dicho ayer en la Asamblea Nacional, donde Jorge Rodríguez calificó como ladrones a Julio Borges, Henrique Capriles, Manuel Rosales, Juan Guaidó y Dinorah Figurera, a quienes acusó de beneficiarse con parte de los recursos del Estado venezolano existentes en el exterior.
En el comunicado de PJ, se culmina proponiendo tratar el tema en México y exhortando al gobierno de Estados Unidos a mantener la protección que sobre los bienes del Estado venezolano ha venido ejerciendo en ese país.
