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viernes, 20 junio, 2025

Comisión de Expertos de la OEA concluye que gobierno de Maduro no tiene interés en castigar violación de DDHH

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El informe del Panel de Expertos Internacionales Independientes apunta a que los responsables de la cadena de mando entre las autoridades venezolanos no están siendo investigadas por la justicia del país, garantizándole su impunidad

El Panel de Expertos Internacionales Independientes nombrado por el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA) reveló en su informe que «las reformas institucionales propuestas en Venezuela son en gran medida superficiales y no abordan las causas profundas de la crisis», en materia de Derechos Humanos.

El informe expresa su honda preocupación por el hecho de que estas reformas protejan a los responsables ante la justicia nacional e internacional, «perpetuando así la impunidad al más alto nivel. Esto indica una falta sistemática de voluntad política genuina para hacer que los responsables estatales, en particular los de alto nivel, rindan cuentas de sus actos, especialmente en lo que respecta a los crímenes de lesa humanidad bajo la jurisdicción de la Corte Penal Internacional (CPI)».

El Panel está integrado por Santiago Cantón de Argentina, Manuel Ventura Robles de Costa Rica e Irwin Cotler de Canadá, junto con la más reciente incorporación, Joanna Frivet de Mauricio, quienes pusieron como ejemplo de altos funcionarios que deben ser llevados hasta la justicia, pero que no afrontan ninguna investigación en Venezuela, siendo ellos Calixto Ortega, quien integró el Tribunal Supremo de Justicia y, en la actualidad, representa al gobierno de Nicolás Maduro ante la Corte Penal Internacional.

La otra personalidad que no está siendo investigada en Venezuela es Diosdado Cabello, a quien señalan de es considerado una de las personas que podría tener responsabilidad bajo la jurisdicción de la CPI como autor directo y coautor de crímenes de lesa humanidad de detención arbitraria, tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes y violencia sexual a través de órdenes dadas directamente al director general del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), Gustavo González López, quien de facto dependía de él.

En palabras de Joanna Frivet «El panel ha llegado a la conclusión de que las víctimas venezolanas siguen existiendo en un vacío legal sin derechos sustantivos a reparaciones». A la luz de los procedimientos en curso en la CPI, donde la investigación de la Fiscalía está suspendida a la espera de una decisión final sobre la impugnación de admisibilidad del Gobierno de Venezuela, el Panel emitió una recomendación al Fiscal Karim Khan para «centrarse en los autores de alto nivel que operan fuera del alcance de la jurisdicción nacional debido a la falta de voluntad y la incapacidad del Gobierno de Venezuela para poner fin a la impunidad».

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