En ese período 13 de las muertas tenían menos de un año, siendo los estados de mayor incidencia de estos casos Anzoátegui con 13.5%, Miranda con 13.5%; Distrito Capital con 10.8% y Guárico con otro 10.8%.
El monitoreo de cierre del año 2022, elaborado por el equipo de investigación del Observatorio Digital de Femicidios del Centro de Justicia y Paz (Cepaz), visibilizó un hecho grave: la violencia femicida contra niñas y adolescentes en nuestro país va en aumento. En el año 2022 el Observatorio documentó 37 casos de niñas víctimas de femicidio, trece de las cuales tenían menos de un año.
Como parte de su labor de monitoreo, recolección y análisis de datos, el Observatorio Digital de Femicidios registra aquellas muertes violentas de niñas y adolescentes donde aparezca un vínculo de consanguinidad o afinidad; cuando el acto se haya cometido en menosprecio del cuerpo de la víctima o para la satisfacción de instintos sexuales; y cuando el acto se haya cometido durante la ejecución del delito de trata de mujeres, niñas y adolescentes, o por redes de delincuencia organizada.
Este trabajo de acopio de datos permitió documentar que en Venezuela 37 niñas menores de 12 años fueron víctimas de femicidio entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2022. Trece de las cuales tenían menos de un año cuando ocurrieron los hechos violentos. Ocho de estos 13 casos registran en los medios noticiosos como “agresores” a miembros de la misma familia (padre, padrastro, hermano).
Los estados del país de mayor incidencia de casos de femicidio infantil durante el año 2022 fueron Anzoátegui con 13.5%, Miranda con 13.5%; Distrito Capital con 10.8% y Guárico con otro 10.8%.
Mujeres como coautoras
En cuatro de los ocho casos donde el ofensor es miembro de la familia, hubo coautoría de mujeres en la ejecución de los hechos delictivos. En 6 de los 37 casos de femicidio infantil, los agresores no fueron identificados y están en fuga. Hubo 24 aprehensiones posteriores a los hechos. De 24 personas aprehendidas, ocho son mujeres.
Al explorar si las noticias revelan si los ofensores actúan solos o por el contrario, lo hacen en grupo, encontramos que de estos 13 casos de víctimas menores de un año de vida, en 10 de ellos el agresor actuó solo. Sin embargo, se puede constatar que en uno de los casos se trató de dos agresores femicidas actuando conjuntamente, y en en otros dos casos actuaron tres ofensores al mismo tiempo. Según la descripción de los hechos recogida en la nota de prensa de sucesos, en tres casos los agresores están directamente vinculados a asociaciones o bandas dedicadas a actividades ilícitas.
En tres de los casos de niñas menores de un año hubo testigos de los hechos violentos. En uno los testigos fueron otros familiares; y en otros dos casos se trató de transeúntes.
Femicidios infantiles en la casa de las víctimas
Tres de estas 37 niñas menores de 12 años, estuvieron desaparecidas antes del hallazgo del cadáver. Nueve de estos femicidios infantiles ocurrieron en la casa donde vivían las niñas. Tres casos ocurrieron en la casa de habitación del propio agresor. Ocho casos ocurrieron en la casa de cohabitación entre víctima y agresor. Seis casos ocurrieron en plena calle. Tres casos ocurrieron en un lugar apartado o desolado, y dos en un centro de atención médica.
Los signos de violencia más destacados, observables sobre el cadáver de las 37 niñas víctimas de femicidio, son: golpes de puños y pies (21,7%); lesiones genitales/para genitales por violación más otro eventual signo de violencia (16,22%); herida de bala (10,8%); cadáver arrojado en basural/en bolsa de residuos/ pozo séptico (10,8%).
Escalada de violencia contra las niñas
La tipificación del femicidio en Venezuela como tipo penal autónomo en la Ley Orgánica del 2014 pretendió abrir una ruta de acceso a una estrategia efectiva de protección y exigencia en la aplicación del principio de la “debida diligencia” y el compromiso de garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencias. Es por ello que la Ley Especial también establece cuáles son los principios que deberán regir la investigación y el juzgamiento de este delito, así como las actuaciones que deberán emprender las autoridades que realizan las diligencias de investigación, instando a una formación de los funcionarios en materia de género y prevención de la violencia.
El sexo, la raza, la clase y en este caso particular el grupo etario son primordiales para identificar la vulnerabilidad de las víctimas de femicidio. Por ello, depende de las relaciones de poder en razón de la edad de la niña o adolescente, el grado de dependencia en el cuidado, las relaciones familiares y extrafamiliares, la exhibición a los distintos tipos de violencia y el entorno social y cultural, entre otras, para identificar las características de las víctimas reales y de las potenciales.
Las niñas son asesinadas fuera de sus hogares y dentro de ellos. En sus hogares, por padres y/o hombres cercanos a ellas y en menor medida por madres y/o mujeres que las cuidan. Estas pequeñas son el núcleo de la rabia y los maltratos que se dan al interior de las familias. La escalada de violencia contra ellas resulta en su muerte.
Esta violencia es sistémica, se produce y se reproduce en relaciones diferenciadas de poder entre hombres y mujeres, entre adultos y menores. No obstante, es el hombre quien la ejerce con consecuencias irremediables.
Deuda del Estado venezolano
En Venezuela, si bien es cierto que en el articulado de la última reforma de la Ley Orgánica del Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (2021), se hace referencia expresa a garantías (art. 6, toda mujer independiente de su edad) y principios (art. 3, interés superior del menor) que contemplan a las niñas en el marco de acción de dicha Ley Especial, no es menos cierto que con carácter expreso y como delito autónomo, no está previsto el femicidio infantil, lo cual representaría un gran desafío respecto de describir en la acción típica las distintas vulnerabilidades de este grupo etario.
A pesar de la existencia de esta ley, el Estado sigue sin garantizar la protección inmediata e integral que requieren las niñas, adolescentes y mujeres víctimas. Se desconocen los programas que se han desarrollado y las inversiones que se han hecho para asegurar el correcto funcionamiento de los órganos, servicios y programas que tienen competencia en la prevención de los femicidios. Los femicidios, y más aún los infantiles, son muertes prevenibles que requieren la aplicación urgente de una adecuada política preventiva.
