La indignación internacional, ante el Gobierno de México y el INM, crece tras el incendio del pasado 27 de marzo, donde murieron 6 hondureños, 7 salvadoreños, 19 guatemaltecos, 7 venezolanos y un colombiano. El Salvador ha calificado este hecho como un «crimen de Estado»
El secretario de Gobernación de México, Adán Augusto López, aseguró este miércoles que se garantizará la reparación de daños a los familiares de los 40 migrantes que murieron en un incendio y a quienes resultaron heridos hace un mes en una estación migratoria de Ciudad Juárez, ante la petición del Gobierno de Guatemala.
«La instrucción que tenemos y que hemos venido haciendo a través de la subsecretaría de Derechos Humanos y de la Comisión de Atención a Víctimas, de la CEAV, es entablar comunicación con las familias, con los deudos, en el caso de los que fallecieron, y con los heridos o con sus familiares cercanos y garantizarles en todo caso la reparación de los daños”, explicó López en una conferencia desde el Palacio Nacional.
El embajador de Guatemala, Marco Tulio Chicas Sosa, había ya reclamado al Gobierno mexicano la reparación de sus 19 connacionales fallecidos. Sin embargo, el funcionario mexicano declaró que por el momento no hay ninguna solicitud formal por parte del Gobierno de Guatemala.
Jefe de Migración mantiene su cargo
Pese a la tragedia, López confirmó que el director del Instituto Nacional de Migración (INM), Francisco Garduño, permanecerá en su cargo. Sin embargo, Garduño se encuentra envuelto en un proceso legal ya que fue acusado por la Fiscalía General de la República (FGR) como uno de los responsables del incendio que mató a 40 migrantes.
«Se mantiene en este momento en el ejercicio de su cargo, atendiendo los asuntos del instituto a su cargo. No le quita tiempo, porque él además constantemente recorre todos los estados del país”, afirmó el secretario de Gobernación, de quien depende el INM.
La indignación internacional, ante el Gobierno de México y el INM, crece tras el incendio del pasado 27 de marzo, donde murieron 6 hondureños, 7 salvadoreños, 19 guatemaltecos, 7 venezolanos y un colombiano. El Salvador ha calificado este hecho como un «crimen de Estado».
