El partido plantea construir un plan de reconstrucción nacional «con los gremios, con los sindicatos, con los trabajadores, con las amas de casa, con las familias, que somos al final a quienes nos falta el agua, nos falta el gas, nos falta la energía eléctrica, nos falta el transporte público y todas las carencias que vivimos en esta Venezuela que se ha convertido en la fotografía del subdesarrollo», detalló Emilio Useche, coordinador nacional adjunto
No es la primera vez que un partido político se reúne en el Hotel President de Caracas para anunciar cambios radicales en su política. Pero no siempre se usan términos como «salto adelante» o «pacto ético». Y este lunes esas fueron las expresiones utilizadas por la dirigencia del partido UPP89.
En un documento expuesto por Reinaldo Quijada y Emilio Useche, coordinador y coordinador adjunto -respectivamente- de esta organización, se insiste en que los políticos «debemos comprometernos a volver a hacer política, en mayúsculas, y la dimensión ética del quehacer político debe ser rescatada».
UPP89 propone un programa de gobierno 2025-2031 para gestionar la crisis, en el cual se plantean puntos como: respeto de la Constitución y de la división de poderes, rendir cuentas del erario público, conceder indultos a los privados de libertad a quienes se les violaron sus derechos humanos y el debido proceso, reconocer la diáspora y tener una política migratoria. También, decretar «la emergencia económica, social, sanitaria y de servicios públicos», disminuir el gasto en defensa y aumentar la inversión en educación y salud, diseñar una política económica para gestionar la crisis.
Un plan de reconstrucción nacional forma parte de la propuesta del partido, con la meta de construirlo «con los gremios, con los sindicatos, con los trabajadores, con las amas de casa, con las familias, que somos al final a quienes nos falta el agua, nos falta el gas, nos falta la energía eléctrica, nos falta el transporte público y todas las carencias que vivimos en esta Venezuela que se ha convertido en la fotografía del subdesarrollo», detalló Useche.
Como lo recoge el documento «nos hemos propuesto ir al encuentro con todas las fuerzas vivas de la sociedad venezolana para consensuar un acuerdo mínimo de acciones en lo inmediato para aliviar el padecimiento de los venezolanos». Insisten en instalar «una mesa nacional de consenso social con vocerías de todas las organizaciones referidas y todas las instancias del territorio y sectores de la vida nacional».
Los problemas de la democracia, subrayó, «se resuelven con más democracia», y uno de los desafíos es rescatar la confianza del ciudadano. «Como la política se nos ha metido en la casa y nos ha quitado el agua, nos ha quitado, la luz y vivimos las situaciones que vivimos, ¿el ciudadano qué dice? ‘Si no trabajo, no como; no me meto en política’. Por eso hemos dejado el espacio de lo público a actores que no han dado resultados».
La UPP89 inicia, a partir de este 24 de octubre, «un proceso de consultas, coherentes con nuestra política de enarbolar una nueva forma de hacer política». Esas consultas buscan trabajar, entre otros elementos, «el programa de gobierno para gestionar la crisis».
Las primarias no quedaron fuera del planteamiento de UPP89: «Debe ser un mecanismo para resolver el problema político de la oposición venezolana», ya que la oposición «debe asumir un nuevo liderazgo y debe asumir una nueva actitud ante el país y ante el mundo», en lugar de seguir «pasando pena».
Hay que volver a motivar al pueblo venezolano, y eso implica un contacto directo, explicó Reinaldo Quijada. «El pueblo venezolano debe escuchar cosas concretas en función de la solución de sus problemas, pero eso debe hacerse entrando en contacto con la gente, hablando con la gente, pero más que todo, escuchando a la gente».
Quijada, coordinador de un partido que tiene tarjeta propia, dice saber que el poder se la puede quitar. «La posibilidad de que nos quiten la tarjeta, con este gobierno, es una posibilidad siempre latente». Recordó que les inhabilitaron cinco candidatos a gobiernos locales en Portuguesa «utilizando resoluciones de la Contraloría», y que el gobierno ha usado instituciones como el TSJ y el mismo CNE «como apéndice del Poder Ejecutivo».
