Hay que evaluar «cómo se ajusta la política laboral del Estado, cómo se ajusta la política de remuneraciones y cómo se ajusta el ajuste» porque «el ajuste hay que hacerlo, es necesario para que el país sea viable pero no podemos cargárselo a los más débiles», subraya el presidente del Centro de Estudios Agroalimentarios
Una parte de la pobreza en Venezuela se concentra en los empleados públicos. Por eso no pueden garantizar el acceso de sus familias a los alimentos, afirma el sociólogo Edison Arciniega, presidente del Centro de Estudios Agroalimentarios. «Quienes tienen dependencia de las nóminas del Estado están cobrando entre 20% y 30% de lo que paga el sector privado, y ahora están en camino de perder los beneficios de la contratación colectiva».
Este viernes, en el contexto de la conflictividad laboral, Arciniega llamó al Estado «a sincerar su política de ajuste laboral, y que si en efecto se van a hacer los ajustes macroeconómicos, los ajustes en el gasto público, que esos ajustes, en la medida de lo posible, no caigan sobre los más vulnerables». Es decir, que «quien más tenga capacidad de soportar los ajustes es quien más debe llevar el peso de los ajustes. Quien menos capacidad tenga es quien menos carga debe llevar sobre los ajustes, y en este momento estamos ante lo contrario».
Hoy en Venezuela, manifestó, «estamos ante un Estado que pareciera estar no tan cerca de los pobres como dice».
Aunque no hay datos públicos sobre la reducción de la nómina del Estado, el sociólogo propone medirlo por dos elementos: «El flujo de transporte público donde está la burocracia pública, que ha caído en al menos 50%. Y lo podemos medir también por el incremento de la capacidad adquisitiva» que en el último año «no se coteja con los salarios que paga el Estado». Esto quiere decir, según su análisis, que «al menos entre 40% y 50% no está dependiendo de las nóminas públicas».
Se necesitan, insiste, soluciones estructurales. «En primera instancia, construir un consenso para la reforma económica que permita distribuir equitativamente las cargas, que permita hacer una reforma fiscal, que permita sincerar el funcionamiento de la economía y, sobre todo, una política de austeridad por arriba y no por abajo». De lo contrario «la reforma económica se va a traducir en conflictividad, y si la reforma se traduce en conflictividad no hay crecimiento económico, porque nadie invierte donde hay conflictividad».
Hay que evaluar, en su criterio, «cómo se ajusta la política laboral del Estado, cómo se ajusta la política de remuneraciones y cómo se ajusta el ajuste» porque «el ajuste hay que hacerlo, es necesario para que el país sea viable pero no podemos cargárselo a los más débiles».
-¿El Estado está en condiciones de pagar lo que le están demandando?
-Y si no está en condiciones, que lo diga. Funciona la sinceridad. Que se negocie. Lo importante acá no es que un sector le imponga al otro; lo importante es que se pongan las cartas sobre la mesa. Una de las cosas que está incrementando la conflictividad en el país es la sorna aquella de «Venezuela se arregló». Esa sorna, que en buena medida fue alimentada por los comunicadores oficiales, está produciendo mayores demandas de los trabajadores del Estado, porque si el país se arregló, págame más.
