Del derecho penal se espera la capacidad de igualación de poder, porque la violencia refuerza el poder del perpetrador «y uno busca que el derecho penal equipare los poderes. Pero la equiparación del poder no está necesariamente en la sanción, sino en cómo el proceso ayuda a que ese personaje poderoso baje la cabeza, reconozca su responsabilidad, y en qué medida eso es más sanador para la víctima que saber que el perpetrador va a estar 25 años en la cárcel»
Si algo queda claro al escuchar a Cristián Correa, integrante del Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ, por sus siglas en inglés), es que no hay fórmulas que funcionen para resolver todos los conflictos del mundo. Tampoco las hay para dar salidas al conflicto de Venezuela. Correa visitó Venezuela y participó en una actividad académica realizada la semana pasada en Caracas y organizada por la Red de Activismo e Investigación por la Convivencia (www.reacin.org), la Universidad Simón Bolívar, WOLA, la Universidad de Tulane y la Universidad de Florida.
«Teóricamente pareciera que fuera necesario» un cambio político para la justicia, porque «son mecanismos que deben gozar de legitimidad amplia», pero la realidad es que la vía para lograrlo «es comenzar a hacer cambios ahora», afirma. «En todas las transiciones ha habido acciones y procesos sociales y políticos que se avanzan durante la existencia del régimen anterior, y que son los sientan las bases de los procesos que se pueden hacer después».
Correa considera que para el contexto venezolano sería importante examinar «la Colombia de 2006», en la que «hay una ley de justicia y paz, en la que hay presencia de paramilitares, en la que Uribe sigue siendo presidente, pero hay un proceso de reconocimiento de los desplazados y se ven forzados a hablar de reparación. No pueden desmovilizar a los paramilitares sin que haya un examen de responsabilidad penal y sin que haya alguna referencia a algo muy primigenio de reparación de justicia y paz, y luego, de reparación administrativa».
Lo que se hizo en ese momento en Colombia, relata, fue determinante para lo que se avanzó posteriormente. Por eso «no puede uno exigir al proceso de negociación definir una agenda de la nada. Hay que iniciar acciones que sean ariete contra la resistencia de ambas partes de colocar estos temas en la mesa para forzar a tener que ver este tema, y tener que verlo de una forma propiamente venezolana».
-¿Hacer qué cosas ahora?
-Reconocimiento de las experiencias de personas que han sufrido. Capacidad de juntar a personas que han sufrido, compartir esos sufrimientos y reconocer la experiencia común. Compartir que yo pude haber sido oprimido por uno, tú pudiste haber sido oprimido por otro, pero nuestra experiencia es común. Hacer procesos humanitarios, que reconocen a personas que han sufrido sin tener que poner el rótulo de si es o no es violación. Pero los números fuerzan a hacerse la pregunta.
-¿Encuentros de víctimas?
-Encuentros de víctimas, organización de víctimas, vínculos entre sociedad civil y víctimas.
-¿Para qué?
-Para generar mecanismos de presión a los actores políticos de que este problema hay que resolverlo de una forma que responda a las necesidades de esas víctimas. ¿Por qué? Si vamos a interrumpir los ciclos de violencia que han plagado al país en 60 años o en toda su historia es a través del reconocimiento de derechos de víctimas; se pueden reconocer esas historias y decir «esto no es simplemente un cambio de gobierno, esto es un cambio de cómo nos miramos y nos reconocemos», especialmente en un país cruzado por diferencias sociales, por incapacidad de mirarse a los ojos con dignidad.
-¿Sería que las víctimas de todos puedan encontrarse y exigir que el tema esté en la agenda?
-Claro. Y agregaría la necesidad de recomponer ciertas necesidades básicas en lo humanitario, en los servicios de salud, en los servicios de educación, de agua, de electricidad. Es un área que les compete a todos, que todos necesitan y hay un interés común de que eso funcione. Y, también, hacerse cargo de los expulsados, y generar condiciones suficientes para que el retorno sea posible.
-¿Cuáles son las barreras para que las víctimas se encuentren? ¿Cómo se puede trabajar?
-La forma cómo se plantea el ser víctima es muy importante para ver si hay cosas que te unen o te dividen. Creo que la experiencia del sufrimiento común es algo que nos humaniza, que tenemos todos como seres humanos. Yo perdí un hijo, tú perdiste un hijo, y no importa tanto el cómo o el quién. Es esa experiencia. La capacidad de víctimas que tienen acceso a ciertas instancias de poder de hablar en favor de los derechos de las otras víctimas, porque no quiero que a otro le ocurra lo que me pasó a mí, o lo que le pasó a otro, o a mi hijo, o a mi hija. ¿Cómo fortalecer esa empatía común como seres humanos que hemos experimentado la pérdida, y que nos une esa pérdida?
-¿Se necesitan organizaciones que intenten ese esfuerzo de encuentro?
-Hay una labor importante que está haciendo y que puede hacer con mayor fortaleza la sociedad civil. Hay que pedirles a los actores políticos dar espacio y comprometerse a no utilizar o enfatizar el que estas son tus víctimas y estas son mis víctimas. De la experiencia colombiana la mesa en La Habana es forzada a reconocer la experiencia común de víctimas cuando las víctimas llegan a ella y los confrontan a ambos: a gobierno y a FARC. Usted no diga que hace esto por mí. Que las víctimas confronten a su lado porque no escucha a las víctimas que ese lado ha causado.
-¿Eso le corresponde a la sociedad civil? ¿Tratar de hacer esos vasos comunicantes?
-Y les corresponde a los actores políticos dejar hacer y dar espacio, y comprometerse a no manipular el dolor para traer agua a su molino.
-¿Eso implica que el sistema de justicia actúe, o es otro tipo de reparación?
-Cuando hablamos de justicia distingo entre justicia penal y otras formas de justicia. Procesos como estos requieren examinar no solamente responsabilidades penales, sino responsabilidades políticas, responsabilidades históricas, complicidad de medios de prensa, de colegios de abogados, del pueblo, de fiscalía. Cuando hablamos de responsabilidad penal es como el sistema de salud: la cirugía es una pequeña medida, y para mí la cirugía es el derecho penal. Pero ¿qué pasa con las vacunaciones, las campañas de lavado de manos, la clínica local de primeros auxilios, el enfermero? Después tienes un hospital de base, la especialidades y la cirugía. La justicia es lo mismo. El tribunal penal y el fiscal son la cirugía final, y están todos los procesos de reparación que tienen que ser masivos y que deben ir mucho más allá de responsabilidades penales.
-¿Quién los ejecuta?
-En este momento se pueden empezar a hacer procesos de reconocimiento de verdad y de reencuentro de víctimas previos a establecer mecanismos. Y forzar a las partes que tienen la responsabilidad de ayudar a superar la crisis para establecer mecanismos que sean consensuados, que representen a todos, que tengan la autoridad moral para establecer formas de reconocimiento de responsabilidades, de escuchar a víctimas y que el país las escuche. Y luego de eso podemos empezar a revisar qué condiciones hay para hacer cirugía.
-¿No pondría ese punto como primero?
-Siempre hablamos que el derecho penal es el último recurso, y en estas discusiones es la primera pregunta aunque debe ser la última. El derecho penal nos produce tanta ansiedad, porque es fuerte en sus consecuencias. Pero es un elefante en una cristalería, es tremendamente peligroso. ¿Cómo canalizar el derecho penal para que sea una contribución a la pacificación de los próximos 50 años, y no un instrumento de revancha? La no instrumentalización del derecho penal es central. Hay que pensar que una cosa es investigación, otra cosa es la condena o asignación de responsabilidades y otra cosa es el castigo. Creo que investigar y juzgar es central, pero puede haber miles de formas para aplicar consecuencias.
Por ejemplo, insiste Correa, hay personas que no tuvieron capacidad para decir que no, «y eso hay que considerarlo». Hay personas «que pueden estar dispuestas a colaborar». Se pregunta: «¿Qué hacemos con aquellos que colaboran hasta el punto de ser capaces de enfrentar a las víctimas y pedir perdón?».
Del derecho penal se espera, explica, la capacidad de igualación de poder, porque la violencia refuerza el poder del perpetrador «y uno busca que el derecho penal equipare los poderes. Pero la equiparación del poder no está necesariamente en la sanción, sino en cómo el proceso ayuda a que ese personaje poderoso baje la cabeza, reconozca su responsabilidad, y en qué medida eso es más sanador para la víctima que saber que el perpetrador va a estar 25 años en la cárcel».
Cita los casos de gran corrupción, y se pregunta: ¿Es más importante el castigo, o lo más importante es que se devuelva el dinero mal habido? Los que entregan información, y que devuelven 60% de lo llevado, eso vale mucho más «que si lo seco en la cárcel». Por eso «hablamos de una justicia que sea capaz de establecer condicionalidades que ayudan a la sanación».
Para Correa «las víctimas tienen que estar en la mesa, pero estas son responsabilidades de Estado. ¿Cuándo un Estado está en condiciones de eso? Toma tiempo». Hace alusión a los casos de Argentina y de Chile. «Las condiciones para hacer justicia en términos equitativos, justos e inclusivos toma tiempo».
Hoy habría que trabajar «las garantías que tenemos que dar para que cualquier proceso de justicia no sea la justicia de los vencedores, que tengamos la capacidad de examinar lo más grave y desde una perspectiva restaurativa», que se garantice equilibrio y que no sea venganza. Rememora que en Perú juzgaron a Abimael Guzmán y a Alberto Fujimori. A ambos.
