Alí Daniels, director de Acceso a la Justicia, puntualizó que la oficina de la Corte Penal Internacional (CPI) todavía no se ha instalado en Venezuela y garantizó que, cuando esto ocurra, no debe ser en la sede de una institución pública.
Pero ya hay funcionarios de la CPI en el país dando los primeros pasos, subrayó.
El presupuesto para su funcionamiento debe ser con recursos de la Corte, enfatizó.
Instó que se presente el informe final por el cual se cierra la fase preliminar y se pasa a otra fase. Las víctimas merecen saber si se amplió el rango de investigación, o qué cosas cambiaron. No sabemos por qué no se ha hecho público, agregó.
Exigió que se informe cuántos casos y cuáles casos está abordando la CPI. En esta fase se identifican los casos con nombres y apellidos de víctimas y de presuntos victimarios, recordó en entrevista con Unión Radio. Hasta ahora no se ha hecho público el número de miembros de FAES y de Sebin condenados, ejemplificó, y en casos como el del concejal Fernando Albán los autores materiales están en libertad. En esta fase se deben abordar las cadenas de mando.
No dudamos de la imparcialidad de la CPI, aclaró, pero como sociedad civil tenemos que exigir que se cumplan los pasos y que las víctimas se mantengan informadas.
Lamentó que el fiscal de la CPI no se haya reunido con las víctimas de violaciones de derechos humanos con el alegato de la seguridad. No puede ser que el fiscal venga a Venezuela y no las escuche, insistió. Khan pudo alargar su visita, por ejemplo.
El caso venezolano requiere de mucha atención, para que no pase lo que ha ocurrido con otras instancias de Naciones Unidas.
Nos parece muy bien que se apoye en la Comisión de DDHH, pero también, que se escuche a la Misión de Determinación de Hechos, precisó.
