Se estima que en Chile residen cerca de 1,4 millones de migrantes -equivalente al 7 % de la población- y a la fecha la comunidad venezolana es la más numerosa, con 457.000 personas
El dirigente opositor y diputado electo en 2015, Julio Borges, pidió este miércoles a Chile evaluar sus políticas migratorias para evitar que los venezolanos caigan en «manos de mafias organizadas» en el trayecto entre las fronteras de Bolivia y ese país.
«La situación que se vive con los migrantes venezolanos en la frontera entre Bolivia y Chile demuestra que una política migratoria restrictiva solo aumenta los pasos ilegales, la trata de personas y expone la vida de quienes huyen de la dictadura», dijo Borges en un comunicado de prensa.
El opositor, un estrecho colaborador de Juan Guaidó, aseguró que este año han fallecido 11 personas al intentar ingresar de manera irregular en Chile, por lo que «urge que el Gobierno chileno evalúe su marco regulatorio y permita una migración segura y humanitaria».
Señaló que los países de la región deben seguir el ejemplo de Colombia, que aprobó un estatuto de protección temporal para regularizar a los migrantes.
«El hecho de regularizar a los migrantes y adoptar un marco migratorio con reglas claras ha permitido fortalecer la migración legal y segura, el desarrollo económico del país y los lazos de hermandad», expresó.
A su juicio, la integración de los venezolanos que llegan a estos países es la solución, «al mismo tiempo en el que se presiona para lograr un cambio democrático en el país, que detenga la migración forzosa».
El pasado 28 de julio, Human Right Watch (HRW) afirmó que el Gobierno de Chile «debe poner fin a las deportaciones sumarias de venezolanos» y » asegurar que todas las expulsiones cumplan con el derecho internacional de los derechos humanos».
A través de un documento, la organización señaló una serie de graves violaciones a los derechos fundamentales de migrantes venezolanos expulsados, tales como impedimentos para acceder a llamadas telefónicas y a abogados, deportaciones sumarias los fines de semana (cuando las cortes de apelación están cerradas) y separación de familias, entre otros.
Luego de examinar 21 sentencias judiciales y más de 250 órdenes de deportación, el organismo internacional identificó también «violaciones al debido proceso, incluido el derecho a ser oído y a presentar pruebas» antes de que se concrete la expulsión.
«Los tribunales de Chile han demostrado que muchos venezolanos que buscaban escapar de la devastadora crisis en su país de origen fueron deportados sin debido proceso, vulnerando estándares elementales del derecho internacional», afirmó el director para las Américas de HRW, José Miguel Vivanco, según el documento.
Se estima que en Chile residen cerca de 1,4 millones de migrantes -equivalente al 7 % de la población- y a la fecha la comunidad venezolana es la más numerosa, con 457.000 personas.
