La Unión Europea y otros países a Venezuela tras la publicación de un informe de la oficina de Procedimientos Especiales del Consejo de DDHH de la ONU que señala que dichas medidas coercitivas son un «castigo»
Este miércoles, el canciller del gobierno de Nicolás Maduro, Jorge Arreaza, calificó de «crimen de lesa humanidad» las sanciones impuestas por EEUU, la Unión Europea y otros países a Venezuela ,tras la publicación de un informe de la oficina de Procedimientos Especiales del Consejo de DDHH de la ONU que señala que dichas medidas coercitivas son un «castigo».
«Expertos en derechos humanos de la ONU califican como un ‘castigo’ contra la ‘población inocente’ las sanciones adoptadas contra Venezuela y otros países. No hay duda de que se trata de un crimen de lesa humanidad que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) debe investigar», sentenció Arreaza en su cuenta de Twitter.
La oficina que emitió el informe está formada por expertos independientes que, si bien señalan que las sanciones generan un «impacto humanitario negativo», no se refiere a las mismas como crímenes de lesa humanidad, como manifestó el canciller al apoyarse en el documento.
«A muchas personas en todo el mundo se les niega el derecho al desarrollo, tanto a la mejora económica de sus países como a su propio desarrollo personal, debido a medidas coercitivas unilaterales», señala el informe.
En este sentido, los expertos pidieron a los países que imponen «sanciones unilaterales» que las retiren o, «al menos, las minimicen», con el objetivo de «garantizar que el estado de derecho y los derechos humanos, incluido el derecho al desarrollo, no se vean afectados».
Sin embargo, el documento no alude a las sanciones personales que pesan sobre determinados funcionarios o altos cargos venezolanos y que no afectan al bienestar de la población, sino a las personas a quienes se les han aplicado las medidas.
Los expertos únicamente insistieron en que «el castigo de civiles inocentes debe terminar» y, por tanto, «el principio de precaución debe ser aplicado por los Estados cuando se adoptan sanciones unilaterales para evitar cualquier impacto humanitario negativo en todo el ámbito de los DDHH, incluido el derecho al desarrollo».
«Las sanciones frenan el desarrollo de los países, también frenan a las personas y, en un mundo globalizado, eso perjudica a todos», señala el informe, que agrega que, además, «dificultan que poblaciones enteras se mantengan saludables y obstaculizan el transporte de bienes necesarios para el desarrollo económico».
Según los expertos, en países como Venezuela, Cuba, Siria e Irán los ciudadanos «se hunden en la pobreza porque no pueden obtener servicios esenciales» como electricidad, vivienda, agua, gas, combustible, medicinas y alimentos.
