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miércoles, 21 mayo, 2025

En Colombia fueron asesinados 155 activistas en 2018, según ONG

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De los 155 asesinados, 63 eran líderes comunales, 24 indígenas, 24 defendían derechos comunitarios, 19 eran campesinos y 7 dirigentes sindicales. 

El año 2018 fue uno de los más sangrientos para los defensores de derechos humanos en Colombia por el asesinato de 155 de ellos, lo que supone un 46,2% más que los 106 homicidios de 2017, según el informe anual de la ONG Programa Somos Defensores que fue divulgado este martes.

El Sistema de Información sobre Agresiones contra Personas Defensoras de Derechos Humanos en Colombia (Siaddhh) registró que el 90% de los asesinatos fueron cometidos contra hombres, el 9% contra mujeres y el 1% contra miembros de la comunidad LGTBI.

«Este aumento de asesinatos en el 2018 indica que fue uno de los años con mayor número de victimizaciones y vulneraciones al ejercicio de la defensa y el liderazgo social en Colombia», destaca el informe.

Los departamentos en los que hubo más homicidios fueron el Cauca, uno de los que tiene más conflictos sociales del país, con 28 casos, seguido de Antioquia, con 24; Norte de Santander (15), Putumayo (13), Valle del Cauca (10) y Caquetá (10).

De los 155 asesinados, 63 eran líderes comunales, 24 indígenas, 24 defendían derechos comunitarios, 19 eran campesinos y 7 dirigentes sindicales.

También fueron asesinados seis afrocolombianos, tres que abogaban por las víctimas del conflicto armado, tres líderes educativos, tres defensores de la restitución de tierras, dos del medioambiente y uno LGTBI.

En cuanto a la autoría de los homicidios, en 111 de los casos, equivalentes al 73%, los presuntos responsables son desconocidos; en 16 casos (10%), grupos herederos de los paramilitares; en 12 casos fueron disidentes de las FARC (8%); otros 9 fueron asesinados por la guerrilla del ELN (5%), y 7 por la fuerza pública (5%).

Según el informe, financiado por la embajada de Noruega en Colombia, el crecimiento de las agresiones contra los defensores de derechos humanos obedeció a que «el Estado no estuvo en la capacidad de aprovechar la oportunidad histórica que se ofreció con la desmovilización» de la guerrilla de las FARC tras la firma del acuerdo de paz en noviembre de 2016.

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