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lunes, 06 mayo, 2024
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Apucv señala a las autoridades ucevistas por presuntas irregularidades administrativas: Pide que la contraloría interna investigue

Texto: Vanessa Davies

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«No puede ser que 1.300 profesores hayan firmado una carta diciendo ‘de mi dinero deme para poder vivir’ y las autoridades permanecen mudas, o dicen que tienen el dinero trancado. Demuéstramelo», subraya Víctor Márquez, presidente del gremio

El presidente de la Asociación de Profesores Universitarios de la UCV (Apucv), Víctor Márquez, denunció presuntos hechos de corrupción que habrían sido cometidos por algunas autoridades de la casa de estudios. «Hay una situación en la que hubo irregularidades administrativas que hicimos públicas y vamos a llevar una denuncia ante la contraloría interna de la universidad; lo que pasa es que no abren. Ellos son los que deben decir si hubo hechos irregulares o no», enfatizó el vocero del gremio en entrevista con contrapunto.com.

«Las actuales autoridades, más que estar preocupadas por la comunidad universitaria, están preocupadas por sus propios intereses», opinó Márquez. «Parte de las autoridades, en particular la máxima autoridad, no se diferencian mucho del autoritarismo de Nicolás Maduro. Sus actuaciones son profundamente autoritarias. No puede ser que 1.300 profesores hayan firmado una carta diciendo ‘de mi dinero deme para poder vivir’ y las autoridades permanecen mudas, o dicen que tienen el dinero trancado. Demuéstramelo», enfatizó.

Son, entre otros, los intereses del fondo de jubilaciones, con los cuales esperaban ayudar a 6 mil o 7 mil profesores. «El portafolio de inversiones del fondo de jubilaciones rondaba los 19 millones de dólares».

El dirigente gremial señaló que «no hay una carta en la cual aparezca la consignación de que el dinero está bloqueado, y uno tiene derecho a no tener confianza en las autoridades».

Márquez criticó también la compra «de una institución de imagenología» y para eso «utilizan el Consejo Universitario. Cuando uno busca el acta del Consejo Universitario en la que decide aprobar esto, el acta no dice que lo aprobó; dice que consideró el punto y no hizo objeciones».

El conflicto generó la renuncia del vicerrector administrativo, Bernardo Méndez y «el Consejo Universitario nombró una comisión para estudiar el caso. ¿Qué dijo esa comisión? Que esa decisión del CU no cumplía con los requisitos legales para ser tomada como decisión».

Según el presidente de la Apucv, se informó que el equipo costaba 4 millones de dólares, pero «cuando recibo los papeles de los avalúos descubro que vale uno». Al pedir información «la respuesta que dan es que fue una decisión del CU y que eso está en manos de la Fundación UCV». En la Fundación UCV «me dicen que no tienen nada que ver, que compraron eso y se los asignaron».

Víctor Márquez sentenció que no puede guardar silencio, aun cuando las universidades son hostigadas por la administración de Maduro y está en peligro la autonomía universitaria.

«No me puedo callar frente a unas autoridades que están actuando igual que el gobierno, porque pierdo actividad moral». A su juicio «quienes están poniendo en riesgo a la universidad son las propias autoridades con su actuación; son ellas, con sus actuaciones irregulares, las que se colocan en situación de minusvalía».

Estima que «tanto las autoridades como el gobierno se han favorecido de la pandemia, de la ausencia de posibilidades de movilización de la gente». Recuerda que los profesores jóvenes se marcharon, y que los recursos son para atender a los profesores que necesitan consulta y medicamentos. El profesor que está en el nivel más bajo gana unos 5 millones de bolívares al mes.

Consultado por contrapunto.com, el profesor Bernardo Méndez confirmó que en enero de 2020 renunció al cargo de vicerrector administrativo que desempeñó desde 2008 debido a un conjunto de presuntas irregularidades. «En esa oportunidad presenté un documento ante el Consejo Universitario en el cual expliqué mis razones para la separación del cargo».

Méndez ratificó que en su momento denunció lo que consideró irregular: creación de una comisión de contrataciones centralizada en el rectorado; contrataciones para servicios y obras; manejo arbitrario de los recursos obtenidos por el fondo de jubilaciones.

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