El mutuo reconocimiento es el primer punto que destaca. Es decir, ambos se aceptan como realidades políticas y asumen, por encima de la diatriba sobre quién es el Presidente, trabajar con un organismo internacional como la OPS
Un nuevo episodio de la diatriba política venezolana se escribió el 20 de mayo de 2018. Con las elecciones presidenciales cuestionadas en su proceso y resultados comenzó una escalada de desconocimiento mutuo que dio lugar a dos gobiernos, dos TSJ y tres poderes legislativos: la Asamblea Nacional liderada por Juan Guaidó y con un funcionamiento permanentemente obstaculizado y persecución contra diputados; la asamblea constituyente (elegida en comicios que no gozaron de total reconocimiento internacional) y la Asamblea Nacional encabezada por Luis Parra.
El acuerdo para nombrar un nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE) logró lo que parecía imposible: nombrar un comité de postulaciones electorales dirigido por la oposición y con participación de legisladores del chavismo. Incluso, para evadir el conflicto de la juramentación de ese comité (¿Lo hacía Guaidó o lo hacía Parra?), este se instaló y comenzó a trabajar. La COVID-19 paralizó los trabajos.
Organizaciones de la sociedad civil, con la crisis del coronavirus, comenzaron una campaña para que los sectores políticos en posiciones encontradas (Nicolás Maduro y Juan Guaidó) lograran «acuerdos por la gente».
Guaidó y la AN nombraron un equipo asesor para atender la COVID-19 que podría ser el «dream team» de cualquier centro de investigación. Maduro decretó una cuarentena temprana y comenzó la aplicación masiva de pruebas rápidas. Cada uno ha avanzado con medidas que, sin duda, pueden ser mucho más efectivas. Mientras tanto, cada bloque sigue su agenda política y sus reproches mutuos. El más reciente es el del oro que se encuentra en el Banco de Inglaterra, que el gobierno de Maduro reclama y que la administración Guaidó solicitó que no se tocara.
Pero en una acción similar a la que propició el avance del comité de postulaciones electorales, el ministro de Salud, Carlos Alvarado, y el jefe del equipo de Guaidó para la COVID-19, Julio Castro, firmaron un conjunto de compromisos para la atención de la pandemia, con la mediación de la Organización Panamericana de la Salud. Esto ocurrió el 1 de junio e implica varias cosas.
-El reconocimiento mutuo. Por encima de los dos gobiernos en disputa, los dos sectores reconocen al contrario como un factor político con el cual hay que dialogar y trabajar.
-El aval a la AN de Guaidó y no a la de Luis Parra. Aunque el TSJ dictaminó que la directiva encabezada por Parra supuestamente era la legal, en los hechos este compromiso con la OPS avala a un solo Parlamento, y no es precisamente el de Parra.
-Aceptación del control de Maduro. Más allá de la calificación sobre cómo ejerce el poder Nicolás Maduro (régimen, dictadura, democracia), el bloque opositor reconoce que es su gobierno el que controla el territorio y el que puede hacer llegar la ayuda humanitaria.
-Aceptación del peso de Guaidó. Y, por encima de las descalificaciones que hace el chavismo sobre lo que llaman el «gobierno imaginario», es con Guaidó con quien puede coordinar la cooperación internacional.
-Naciones Unidas como facilitador. La OPS consiguió lo que parecía misión imposible: reunir en un solo compromiso contra la COVID-19 al oficialismo y a la oposición. Este puede ser el punto de partida para otros espacios de encuentro y diálogo bajo el paraguas de Naciones Unidas.
