El organismo también calificó de «grave» el Decreto 4.078 del gobierno de Áñez, que autoriza a los militares a controlar el orden público y los exime de responsabilidades penales.
De acuerdo con el último balance de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh), suman 23 los fallecidos en casi un mes de manifestaciones en Bolivia.
El informe difundido este sábado también cataloga como «grave» el decreto del Gobierno Interino, que autoriza a los militares a controlar el orden público al tiempo que los exime de responsabilidades penales.
Mientras un enviado de la ONU comenzó a tomar contacto con autoridades del Gobierno Interino de Jeanine Áñez y organizaciones sociales para restaurar la paz en el país, la Cidh elevó de cinco a nueve el número de fallecidos, tras choques entre campesinos y fuerzas combinadas del ejército y la policía ocurridos el viernes en la localidad rural de Cochabamba (centro).
Las cifras de las últimas muertes aportadas por la Cidh, coinciden con las de la Defensoría del Pueblo de Cochabamba, pero difieren de las del Gobierno que mantiene en cinco el número de campesinos leales al ex mandatario Evo Morales, muertos ese día.
En Twitter, la Cidh calificó además de «grave» el Decreto 4.078 del gobierno de Áñez, aprobado el jueves y divulgado extraoficialmente este sábado, que blinda a los militares.
— CIDH – Comisión Interamericana de Derechos Humanos (@CIDH) November 17, 2019
CIDH actualiza las cifras de víctimas en #Bolivia: desde ayer son 9 fallecidos y 122 heridos desde la represión combinada de la policia y fuerzas armadas. Se totaliza por lo menos 23 personas muertas y 715 personas heridas desde el inicio de la crisis institucional y política. https://t.co/y9LIbOITRT
«El grave decreto de #Bolivia desconoce los estándares internacionales de DDHH y por su estilo estimula la represión violenta», señaló el organismo.
El ex presidente Morales, asilado en México desde el martes, fue más allá en Twitter: «Es una carta blanca de impunidad para masacrar al pueblo».
Pero el Ministro de la Presidencia, Jerjes Justiniano, respondió a periodistas que el decreto «de ninguna manera se transforma en una licencia para matar». «Es un elemento disuasivo porque lo que pretende el gobierno es evitar la confrontación, que existan más muertes», dijo.
Más temprano el sábado, la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, lamentó que las más recientes muertes parecieran resultado del «uso innecesario o desproporcionado» de la fuerza policial o militar y advirtió que ello puede llevar a la situación en Bolivia a «salirse de control».
