La federación de empresarios manifestó a través de un comunicado su preocupación por la aprobación, por parte de la Asamblea Nacional Constituyente, de una nueva Ley Constitucional que crea el impuesto a los grandes patrimonios
La Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción de Venezuela (Fedecámaras) advirtió este miércoles 31 de julio que el nuevo impuesto a los grandes patrimonios ahoga la capacidad de pago de las empresas.
A través de un comunicado, la organización se pronunció respecto a la aprobación por parte de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) de una nueva Ley Constitucional que crea el impuesto a los grandes patrimonios (IGP) para personas naturales y jurídicas.
«Es de gran preocupación para el sector productivo nacional el excesivo incremento
en la carga tributaria que se le ha venido aplicando, en los últimos tiempos, y que en
algunos casos supera el 400%, así como el establecimiento de una diversidad de
formas de pago que incluyen la moneda nacional, las divisas y el petro; lo cual
dificulta enormemente el procesamiento, administración y pago de los tributos por
parte de las industrias y los comercios, tornándose así en una carga impositiva que
ahoga la capacidad de pago de las empresas en un escenario de recesión
económica que ha afectado los volúmenes de consumo y de venta de bienes y
servicios», manifestaron.
Advirtieron que esta nueva disposición afectará, aún más, el desenvolvimiento de la actividad productiva y el crecimiento de la economía nacional, pero sobre todo el acceso de los ciudadanos a los bienes y servicios indispensables para la vida diaria.
Agregaron que este nuevo impuesto pone en mayor riesgo la sostenibilidad de las
empresas que aún operan en el país, sobre todo las medianas y pequeñas que,
ante la crítica situación financiera y la enorme carga tributaria, se verán obligadas a
cerrar sus puertas, con el consecuente impacto en los empleos formales.
Desde Fedecámaras consideran que el IGP carece de justificación económica y jurídica. Por esta razón, reiteran «la urgente necesidad de un cambio en la conducción de la política económica y tributaria y la promoción de medidas que incentiven la actividad productiva y la inversión».
