Óscar Murillo, coordinador general de la organización Provea, denunció este lunes lo que calificó como un «acto indecente» y una burla hacia los ciudadanos: la negativa de las autoridades a aplicar el sobreseimiento de causas penales a numerosos venezolanos, citando específicamente el caso del activista Carlos Julio Rojas, a quien se le ha rechazado el beneficio de la Ley de Amnistía.
Durante una comparecencia pública, en la sede del Colegio Nacional de Periodista, Murillo señaló que, aunque Provea participó formalmente en la discusión de dicha ley ante la comisión especial de la Asamblea Nacional, la ejecución de la misma ha sido deficiente. El vocero advirtió que mantener a ciudadanos bajo medidas condicionales no es libertad real, sino simplemente una forma de «alargar la cadena».
«No se trata simplemente de alargar la cadena, aquí se trata de romper la cadena, es recobrar la libertad. No nos vamos a conformar con la simulación; queremos acciones concretas y eso pasa por comprometerse con la palabra empeñada, que es darle vida, calidad y eficiencia a esta Ley de Amnistía», afirmó Murillo.
Al evaluar el panorama actual del país, el coordinador de Provea sostuvo que Venezuela atraviesa una crisis de legitimidad no resuelta. A su juicio, existe una estrategia de «represión más blanda» que no implica un avance hacia la democracia, sino un reordenamiento interno de la élite en el poder bajo el mismo modelo autoritario.
Murillo enfatizó que la «arquitectura represiva» permanece inalterada, señalando que instrumentos legales como la Ley del Odio, la Ley Antiterrorismo y la Ley Antibloqueo siguen vigentes sin que exista voluntad oficial para su revisión o desmantelamiento.
Llamado a la comunidad internacional
El representante de los derechos humanos envió un mensaje directo a las autoridades de los Estados Unidos, subrayando que los acuerdos económicos o petroleros no son suficientes para el pueblo venezolano si no vienen acompañados de reformas políticas profundas.
«El pueblo venezolano no se conforma con las reformas comerciales y los acuerdos en materia petrolera. Necesitamos avanzar en las reformas políticas que permitan rescatar el disenso y la pluralidad», explicó.
Finalmente, Murillo reivindicó la autonomía del Movimiento Nacional de Derechos Humanos y aseguró que, frente a una ruta de transición que calificó como «no creíble ni genuina», la principal esperanza reside en la organización y articulación ciudadana para la exigencia de derechos fundamentales.
