Eduardo Torres, abogado defensor de derechos humanos, activista político y ex preso político, denunció este lunes que la aplicación de la Ley de Amnistía en Venezuela ha funcionado bajo un procedimiento de «selectividad judicial». Durante un pronunciamiento realizado en la sede del Colegio Nacional de Periodistas, Torres señaló que el Estado ha incumplido el acuerdo de liberar a la totalidad de los detenidos por motivos políticos tras los eventos del pasado 3 de enero.
El jurista, quien forma parte del equipo de defensa del periodista Carlos Julio Rojas, calificó la situación actual del país como un «secuestro masivo de ciudadanos» y afirmó que los mecanismos judiciales están siendo utilizados para mantener una estructura de persecución.
Cuestionamientos a la Ley de Amnistía
Según Torres, la normativa vigente no ha cumplido con el objetivo de la reconciliación nacional, sino que ha servido como una herramienta de control social.
«Fue una ley que en definitiva no fue hecha para la reconciliación, fue hecha para discriminar, para excluir y para mantener la amenaza no solo contra las personas que estaban presas, sino contra toda la sociedad venezolana», aseveró el defensor.
El abogado destacó que, aunque el Alto Comisionado para los Derechos Humanos, Volker Türk, reportó la liberación de 950 personas hace dos semanas a través de diversos mecanismos, el régimen ha faltado a su compromiso de otorgar libertad plena a todos los presos políticos. Alertó, además, sobre la gravedad de casos como el de los «seis luchadores» condenados a 16 años, cuyos recursos de apelación y casación fueron declarados sin lugar, lo que abre la puerta a nuevas detenciones.
Ante lo que describe como un contexto de «crímenes de lesa humanidad» y «terrorismo de Estado», citando informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Torres anunció el inicio de una ruta de movilización cívica. El objetivo primordial es exigir un indulto general y masivo que permita la apertura de los centros penitenciarios para procesados y condenados.
Torres identificó a la vicepresidenta Delcy Rodríguez como la figura con la facultad política para ejecutar esta medida: «La responsable en este país se llama Delcy Rodríguez (…) ella entonces tiene la llave». Asimismo, informó que las acciones incluirán exigencias directas al nuevo fiscal general, Larry Devoe, a quien responsabiliza por la acción punitiva del Estado y el reciente uso de grilletes electrónicos en defensores de derechos humanos, mencionando el caso de Edwin Zambrano.
Acciones legales y movilización ciudadana
En el ámbito jurisdiccional, el defensor celebró que el Juez Primero de Juicio de Terrorismo, José Antonio García, aceptara finalmente el nombramiento de nuevos abogados para Carlos Julio Rojas el pasado viernes. No obstante, advirtió que denunciarán ante la Inspectoría General de Tribunales a cualquier juez que incurra en violaciones a los derechos humanos.
Finalmente, el activista hizo un llamado nacional a la organización:
- Asambleas de ciudadanos: Convocatoria a reuniones masivas en todos los estados del país para discutir la ruta de liberación.
- Movilización al Ejecutivo: Organización de una marcha hacia el Palacio de Miraflores para exigir el indulto de forma constitucional.
- Coordinación institucional: Continuar las gestiones ante la Defensoría del Pueblo para que la institución se haga parte activa en las causas judiciales donde se impide el acceso a la defensa.
Torres concluyó reiterando que la lucha se mantiene en el marco de la recuperación de la justicia y la democracia, exigiendo el cese de las medidas que actúan como un «grillete invisible» sobre las familias venezolanas.
