El Comité “Cúmplela” en Defensa de la Constitución y el Espacio Consenso Por Un Nuevo País emitieron este martes un pronunciamiento público para denunciar ante la comunidad nacional e internacional la detención del abogado y defensor de derechos humanos, Edwin Sambrano. Según las organizaciones, el jurista enfrenta un proceso judicial por el presunto delito de “instigación al odio”, el cual califican como una medida arbitraria y carente de sustento probatorio.
De acuerdo con el comunicado difundido por las organizaciones civiles, el caso de Sambrano representa una «instrumentalización del sistema de justicia con fines de persecución». Los denunciantes sostienen que el proceso está viciado de nulidad, señalando que se han vulnerado garantías fundamentales desde el inicio de las actuaciones judiciales.
“Se trata de un caso caracterizado por imputaciones sin investigación previa ni sustento probatorio verificable, en violación directa del principio de presunción de inocencia”, afirmaron las organizaciones.
Entre las irregularidades señaladas destacan la imposición de un defensor público y la obstaculización para designar abogados de confianza, así como la falta de acceso al expediente y a los fundamentos que motivaron la orden de aprehensión. Para el Comité “Cúmplela”, estas acciones representan una «opaca administración de justicia incompatible con el Estado de Derecho».
Uno de los puntos centrales de la denuncia es la omisión de la Ley de Amnistía y Convivencia Democrática, promulgada en febrero de 2026. Los portavoces de las organizaciones subrayaron que los delitos imputados a Sambrano no están excluidos de dicha normativa, por lo que su aplicación debería ser inmediata debido a su carácter retroactivo.
“Ignorarla constituye una desobediencia directa al orden jurídico vigente”, enfatiza el texto del pronunciamiento.
Exigencias de las organizaciones
El documento vincula lo sucedido con un presunto patrón sistemático de criminalización contra la disidencia y los defensores de derechos humanos en el país, mencionando la participación activa de la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía General en este esquema. Ante este escenario, el grupo de trabajo por la defensa de las garantías constitucionales presentó un pliego de exigencias puntuales:
- Restitución inmediata de las garantías del debido proceso.
- Libertad plena para Edwin Sambrano y el cese de la persecución judicial en su contra.
- Respeto al derecho a la defensa privada y acceso irrestricto al expediente judicial.
- Aplicación sin dilaciones de la Ley de Amnistía vigente desde febrero.
Las organizaciones finalizaron su declaración recordando que el cumplimiento de la Constitución no es una facultad opcional para las autoridades, sino un deber que, a su juicio, está siendo «abiertamente desconocido» en el caso del abogado Sambrano.
